Ley de Economía Circular en México: ¿Un avance o un retroceso?

MÉXICO – La Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026, ha sido presentada como un pilar del crecimiento sostenible en México. Sin embargo, una mirada más cercana revela que esta legislación podría estar cimentada sobre bases problemáticas, ya que no cuestiona el modelo productivo que contribuye a la crisis ambiental, sino que lo perpetúa al centrarse en la gestión de residuos en lugar de la prevención.

Desde su anuncio, la ley fue presentada como una iniciativa ambiental, pero en la práctica, prioriza los criterios económicos sobre la protección del medio ambiente y la salud pública. En lugar de adoptar un enfoque preventivo, se centra en la valorización de residuos, lo que implica aceptar la generación masiva de basura y buscar formas de aprovecharla económicamente. Este enfoque replica estrategias fallidas del pasado, como la “valorización” que ha estado en vigor en México durante más de dos décadas.

Un enfoque regresivo

La ley, promovida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no adopta un enfoque genuino de economía circular, que debería partir del principio de que “el mejor residuo es el que no se genera”. En cambio, ignora el principio de Prevención, que enfatiza la importancia de evitar y minimizar los daños ambientales antes de que ocurran. Esto es especialmente crítico en un contexto donde un juzgado federal ha ordenado al Congreso de la Unión prohibir los plásticos de un solo uso, algo que la nueva ley no aborda adecuadamente.

A pesar de que la Semarnat afirma que la legislación se inspira en las normativas europeas, donde ya se han comenzado a prohibir los plásticos de un solo uso, la ley mexicana se limita a la gestión post-consumo y omite transformaciones clave como el rediseño de productos para que sean duraderos, reutilizables y reparables. Tampoco establece límites claros a la obsolescencia programada, permitiendo que la industria continúe con prácticas insostenibles.

Responsabilidad Extendida del Productor: ¿Un avance real?

Uno de los aspectos más destacados de la ley es la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), una demanda histórica de organizaciones sociales. Sin embargo, su implementación gradual mediante acuerdos generales genera dudas sobre su efectividad. En la práctica, esto podría dar lugar a retrasos y excepciones, diluyendo su impacto real y convirtiéndola en una obligación flexible.

Además, el incumplimiento de la REP podría ser subsanado mediante “compensaciones” como la compra de bonos de carbono, que no abordan las prácticas que la ley pretende regular. Las auditorías ambientales voluntarias también son motivo de preocupación, ya que podrían facilitar el greenwashing si son realizadas por la industria y acompañadas de beneficios regulatorios.

Implicaciones para la salud y el medio ambiente

La ley considera el aprovechamiento energético y la termovalorización como indicadores de economía circular, a pesar de que estas prácticas contradicen la verdadera circularidad y tienen impactos negativos en el medio ambiente y la salud. En un país donde muchas comunidades viven cerca de basureros e incineradoras, la falta de indicadores sanitarios en la ley es una omisión grave.

La política de “Economía Circular” promovida por el gobierno mexicano, junto con los Polos de Desarrollo para el Bienestar, se caracteriza por una permisividad normativa que impide establecer estándares efectivos para controlar la contaminación industrial. Esta legislación ha sido ampliamente respaldada por el sector privado, ya que no representa un desafío significativo a sus prácticas actuales.

Una necesidad urgente de reforma

La pregunta crítica es si esta ley promueve el crecimiento sostenible y a qué costo. Mientras se siga llamando “sostenible” a un modelo que evita transformarse y promueve la generación y quema de residuos, el término economía circular seguirá siendo mal utilizado. México necesita urgentemente un marco normativo que corrija las deficiencias de una política ambiental obsoleta y subordinada a intereses económicos.

La creciente evidencia sobre la incidencia de factores ambientales en enfermedades crónicas resalta la necesidad de una reforma integral de las políticas ambientales y sanitarias. Organizaciones como El Poder del Consumidor, Acción Ecológica, y Greenpeace México A.C. han expresado su preocupación por esta ley, subrayando la urgencia de un cambio profundo en las políticas públicas para enfrentar la crisis socioambiental y de salud pública del país.