Investigación por errores en cribado de cáncer de mama en Andalucía

SEVILLA, ESPAÑA – El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación de oficio tras detectar errores en el cribado del cáncer de mama que han dejado a miles de mujeres sin información crucial sobre sus resultados médicos. La institución, encargada de proteger los derechos de los ciudadanos andaluces, ha manifestado su «consternación» y «honda preocupación» por la situación, y busca esclarecer las causas y el alcance de los posibles daños.

Según la Consejería de Salud, alrededor de 2.000 mujeres se vieron afectadas por un fallo de comunicación en el proceso de cribado del cáncer de mama. Estas mujeres recibieron resultados «no concluyentes» y, debido a un protocolo deficiente, no fueron informadas para realizar un segundo control. Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, ha indicado que es la primera vez en 30 años que se inicia una investigación de carácter general en este programa.

Impacto de los testimonios y respuesta institucional

El detonante de esta investigación ha sido el testimonio de las mujeres afectadas y las declaraciones públicas de la asociación Amama. La confirmación por parte de la Consejería de Salud de que al menos 2.000 mujeres desconocían sus resultados ha generado alarma social. Maeztu subraya que el objetivo del cribado, activo desde 1995, es detectar lesiones en fases iniciales para mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad.

El Defensor del Pueblo ha calificado de «especialmente grave» que las mujeres con hallazgos dudosos no hayan sido informadas ni citadas para completar el estudio. Esta situación podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica.

Derechos de las pacientes y exigencias de transparencia

El derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está respaldado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La falta de comunicación no solo lesiona derechos, sino que también puede suponer una pérdida de oportunidad asistencial y generar daños evitables.

El Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud (SAS) información precisa en varios aspectos. En primer lugar, busca aclaraciones sobre las razones que llevaron a no comunicar ciertos resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. También quiere saber si esta práctica responde a un protocolo específico o a criterios internos, y cuántas mujeres se han visto afectadas.

Evaluación del programa y futuras acciones

En segundo lugar, el Defensor requiere datos sobre la atención prestada a las mujeres con resultados dudosos. Esto incluye conocer la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico, los tiempos de respuesta, y el número de profesionales involucrados. Además, se busca información sobre cuántas mujeres están pendientes de completar su estudio diagnóstico.

El tercer bloque de información se refiere a la gestión y evaluación del Programa de Detección Precoz. La institución quiere saber si existen mecanismos para revisar sus resultados y procedimientos, y qué mejoras se han introducido desde 2022. También solicita acceso a los informes de evaluación y a los indicadores registrados.

Finalmente, el Defensor del Pueblo Andaluz pregunta por la actividad de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, y si cuenta con una planificación en marcha o necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la comunicación efectiva en los programas de salud pública. A medida que avanza la investigación, se espera que se implementen medidas correctivas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.