Fiscalía de Chiapas toma medidas tras presión de “Madres en Resistencia”

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. – En un movimiento significativo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas ha decidido separar de su cargo a Lisbeth Córdova, subdirectora de la Fiscalía contra Feminicidios, e iniciar procedimientos administrativos contra funcionarios del Instituto del Deporte de Chiapas. Esta acción es una respuesta directa a las demandas del colectivo “Madres en Resistencia”, que ha mantenido una protesta de 12 días frente a las oficinas centrales de la Fiscalía.

El colectivo, compuesto por madres que buscan justicia por los feminicidios y desapariciones de sus familiares, ha exigido una investigación clara y concreta sobre estos casos. Como resultado de las recientes negociaciones, la Fiscalía ha anunciado que la separación de la funcionaria busca garantizar que la investigación se realice de manera imparcial y objetiva.

Contexto de las Protestas

Las manifestaciones comenzaron el 6 de octubre, cuando “Madres en Resistencia” decidió instalar un plantón y bloqueo vial para presionar por la agilización de las investigaciones y evitar la impunidad en los feminicidios. La situación se intensificó cuando se intentó desalojar la protesta, lo que llevó a la formalización de una denuncia contra el secretario de Seguridad de Tuxtla Gutiérrez, David Hernández Pérez.

En paralelo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha iniciado procedimientos administrativos por irregularidades detectadas en el Instituto del Deporte de Chiapas, relacionadas con el caso de la menor Jade Guadalupe, encontrada muerta en 2020. Adriana Gómez, madre de Jade y fundadora del colectivo, sostiene que su hija fue víctima de feminicidio.

Compromiso de la Fiscalía y Reacciones

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, ha reafirmado el compromiso de su oficina con “Madres en Resistencia”, asegurando una atención directa y el avance en los acuerdos establecidos. “Continuamos con las investigaciones con estricto apego a la legalidad y a los derechos humanos”, afirmó Llaven Abarca.

Las acciones emprendidas se basan en los principios de legalidad, debido proceso y rendición de cuentas, según la ley de responsabilidades administrativas de Chiapas. El objetivo es determinar la existencia de faltas graves o no graves por parte de los servidores públicos involucrados.

Implicaciones y Futuro de las Investigaciones

El impacto de estas medidas podría ser significativo en la lucha contra la impunidad en casos de feminicidio en Chiapas. La atención mediática y el apoyo público a “Madres en Resistencia” han puesto de manifiesto la urgencia de abordar estos casos con seriedad y transparencia.

El fiscal general acompañará a las madres en una de las brigadas de búsqueda, un gesto que simboliza el compromiso de las autoridades para trabajar de la mano con las familias afectadas. Esta colaboración podría marcar un cambio en la forma en que se manejan las investigaciones de feminicidio y desapariciones en el estado.

En un contexto más amplio, estas acciones podrían servir de ejemplo para otras regiones de México que enfrentan problemas similares. La participación activa de las organizaciones civiles y la presión pública han demostrado ser herramientas efectivas para impulsar cambios en las políticas de justicia.

El seguimiento de estos casos será crucial para evaluar el verdadero impacto de las medidas adoptadas por la Fiscalía de Chiapas. Las familias de las víctimas esperan que este sea un paso hacia la justicia y la reparación, y que las investigaciones se traduzcan en acciones concretas y resultados tangibles.