Cofiño y Caamaño critican la instrucción judicial contra Begoña Gómez

OVIEDO, ESPAÑA – El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, y el exministro de Justicia Francisco Caamaño han calificado de “anómala” y “extraña” la instrucción judicial llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinando contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas declaraciones se realizaron durante un acto organizado por ‘Espacio Fundamentos’, un foro de reflexión auspiciado por el Parlamento asturiano y la Universidad de Oviedo.

En el evento, que tuvo lugar este martes, participaron también Francisco Caamaño Domínguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña y ministro de Justicia entre 2009 y 2011, y María Ángeles Ahumada Ruiz, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, quienes ofrecieron conferencias sobre el ‘Lawfare’ o la judicialización de la vida política.

Instrucción judicial bajo escrutinio

Durante el turno de preguntas, Juan Cofiño introdujo el tema de la instrucción contra Begoña Gómez, calificándolo como “seguramente políticamente incorrecto e inapropiado”. Desde su perspectiva de abogado, Cofiño argumentó que la instrucción es “anómala” debido a que representa una “causa general, estrictamente prohibida por las leyes procesales”.

Cofiño cuestionó los mecanismos del sistema judicial para abordar tales situaciones y el papel de la Audiencia Nacional.

“¿Cómo conseguimos ante situaciones de anormalidad evidentes como esta, corregir las anomalías? ¿Habrá que pensar en algún modelo de control y fiscalización de estas situaciones patológicas?”

, planteó el presidente del Parlamento asturiano.

Respuestas desde el ámbito judicial

En respuesta, Francisco Caamaño explicó que el Consejo General del Poder Judicial no suele intervenir con sanciones mientras un procedimiento esté abierto, dejando que los tribunales “depuren” los casos. Caamaño sugirió que existen otras vías, como “salirse del mundo estricto del Derecho” y tomar decisiones alternativas, incluyendo la posibilidad de no comparecer ante el juez.

“Veremos lo que ocurre”,

añadió.

Caamaño también criticó la solicitud del juez de instalar un estrado en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno, calificándolo como una incongruencia.

“Yo no puedo gastar dinero público en eso, o se los trae usted puesto de su juzgado o no venga a tomar declaración, ¿verdad? Es que son verdaderas incongruencias todo lo que estamos viendo”,

afirmó.

Contexto y perspectivas futuras

El término ‘Lawfare’ se refiere al uso del sistema legal para dañar a un oponente político, un fenómeno que ha ganado atención en los últimos años. Sin embargo, Caamaño se mostró reacio a etiquetar este caso específico como tal, sugiriendo que se trata más bien de una instrucción “muy particular”.

La situación plantea preguntas sobre la independencia judicial y el equilibrio de poderes en España. Con la creciente politización de los procesos legales, se intensifica el debate sobre la necesidad de reformas que garanticen un sistema judicial justo y transparente.

En el futuro, la evolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la relación entre el poder judicial y el ejecutivo en España, así como para la percepción pública de la justicia en el país. Los observadores estarán atentos a cómo se desenvuelven los acontecimientos y qué precedentes podrían establecerse.