Suprema Corte exime a General Motors de deuda fiscal millonaria

CIUDAD DE MÉXICO – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desechado un recurso presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que buscaba revisar un amparo concedido a la empresa Controladora General Motors. Este amparo permite a la compañía evitar el pago de 2 mil 599 millones de pesos en concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2011.

En una sesión del Pleno, al resolver el recurso de reclamación 232/2025, la mayoría de los ministros votó a favor de desechar el asunto promovido por Hacienda, argumentando falta de legitimidad y calificándolo como un problema de constitucionalidad. La ministra Lenia Batres Guadarrama fue una de las voces disidentes, explicando su voto en contra del proyecto bajo la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz. Batres Guadarrama sostuvo que la dependencia federal tiene legitimidad para la defensa legal, ya que el pago de impuestos es un asunto constitucional.

Impacto en el sistema fiscal

Según Batres Guadarrama, esta decisión del Alto Tribunal permite que General Motors no pague los 2 mil 599 millones de pesos de créditos fiscales. La ministra ha expresado su preocupación sobre lo que ha denominado “la industria del amparo”, una práctica que, según ella, es aprovechada principalmente por grandes corporaciones para evadir cargas tributarias.

La ministra advirtió que esta práctica genera un impacto negativo en la equidad y progresividad del sistema fiscal en general. Aunque el amparo es una herramienta legítima contra excesos de autoridades fiscales, Batres Guadarrama señaló que ha sido utilizado por contribuyentes de manera que produce una dinámica injusta en el sistema tributario mexicano.

Decisiones judiciales y sus consecuencias

La ministra también criticó que este tipo de decisiones se tomaban principalmente en la antigua Corte, la cual, según ella, estaba subordinada a decisiones técnico jurídicas de “mera legalidad” de jueces y magistrados no revisables. Esta situación, afirmó, ha permitido la proliferación de la judicialización fiscal en México.

Batres Guadarrama subrayó que la diferencia entre sentencias de legalidad y de constitucionalidad ha creado una fisura que ha facilitado la judicialización de los actos fiscales. Advirtió que esta judicialización no debe ser utilizada para “torcer ni desaparecer” una obligación constitucional.

Reflexiones finales y futuro del sistema fiscal

En sus declaraciones, Batres Guadarrama concluyó que las sentencias que absuelven del pago de contribuciones, aunque cuantificables en pesos, tienen un efecto nocivo incalculable para la sociedad. Esta situación pone en evidencia la necesidad de revisar y posiblemente reformar el sistema fiscal para asegurar su equidad y efectividad.

El caso de General Motors es un ejemplo más de cómo las grandes corporaciones pueden influir en el sistema judicial para obtener beneficios fiscales significativos. Este tipo de decisiones judiciales podrían motivar a otras empresas a seguir el mismo camino, lo que plantea un desafío para las autoridades fiscales en su esfuerzo por mantener la justicia y la equidad en la recaudación de impuestos.

El debate sobre la legitimidad y el uso de los amparos en el ámbito fiscal continúa, y será crucial para el futuro del sistema tributario mexicano. Las autoridades deberán considerar reformas que fortalezcan la capacidad del sistema para recaudar impuestos de manera justa, mientras que las empresas deberán evaluar los riesgos y beneficios de recurrir a estos mecanismos legales.