Estado y Castilla-La Mancha buscan resolver diferencias sobre nueva ley

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) – La Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha iniciado negociaciones para resolver las discrepancias surgidas en torno a la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha, aprobada el 11 de julio de 2025. Las diferencias se centran en los apartados uno y dos de la disposición final novena, que modifica la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

Según la resolución publicada por la Viceconsejería de Relaciones Institucionales en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se ha creado un Grupo de Trabajo para proponer soluciones a la Comisión Bilateral de Cooperación. El conflicto principal radica en la regulación de la vivienda dotacional pública, destinada al alquiler o cesión temporal bajo limitaciones de renta, construida en suelos públicos calificados como equipamientos.

Contexto y detalles de la disputa

La nueva normativa excluye del ámbito de aplicación los suelos dotacionales de propiedad privada y aquellos públicos destinados a zonas verdes o espacios libres. Además, establece que las viviendas de equipamiento público no estarán sujetas a las exigencias dotacionales previstas para otros usos, según el artículo 31 de la ley.

El Estado también cuestiona el procedimiento para innovaciones en los planes urbanísticos. La ley regional estipula que cualquier cambio debe ser aprobado por el mismo tipo de plan y siguiendo el mismo procedimiento. Sin embargo, permite excepciones para modificaciones menores en Planes Parciales y Especiales.

Opiniones de expertos y antecedentes

Expertos en derecho urbanístico señalan que este tipo de discrepancias no son inusuales cuando las comunidades autónomas intentan adaptar sus normativas a las necesidades locales. “Es fundamental encontrar un equilibrio entre la autonomía regional y la coherencia con la legislación estatal”, comenta María López, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Históricamente, las leyes de simplificación administrativa han intentado reducir la burocracia y facilitar el desarrollo urbanístico. Sin embargo, estas iniciativas a menudo chocan con regulaciones preexistentes, generando tensiones entre diferentes niveles de gobierno.

Implicaciones y pasos a seguir

Las negociaciones en curso buscan evitar que el conflicto se traslade al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la implementación de la ley y afectar proyectos urbanísticos en la región. La resolución de estas discrepancias es crucial para garantizar que la nueva normativa cumpla su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y promover el desarrollo sostenible.

El Grupo de Trabajo tiene la tarea de presentar una propuesta que satisfaga a ambas partes, lo que requerirá un análisis detallado de las implicaciones legales y urbanísticas de la ley.

“La clave está en la colaboración y el diálogo constante entre las administraciones”,

añade López.

Se espera que en las próximas semanas se anuncien avances significativos en las negociaciones, lo que permitirá a Castilla-La Mancha avanzar con su agenda de simplificación administrativa sin contratiempos legales.