EE.UU. endurece normas de residencia por salud y edad

WASHINGTON, EE.UU. – En un movimiento que ha generado controversia y debate, el gobierno de Donald Trump ha ordenado a las autoridades de inmigración de Estados Unidos considerar inelegibles para la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud, como la obesidad, o de edad avanzada. Esta medida se justifica bajo el argumento de que estas personas podrían representar una carga pública para el país, según informó KFF Health News.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha enviado una nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados, ampliando la lista de condiciones médicas que pueden hacer inelegible a un extranjero que busca residir en el país. Aunque las revisiones de salud para los solicitantes de visa de inmigrante han sido una práctica de larga data, la nueva directriz enfatiza que se debe considerar la salud del solicitante de manera más estricta.

Condiciones de salud bajo escrutinio

La directriz insta a los funcionarios que otorgan las visas a considerar afecciones como la obesidad, que puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión, o la diabetes, entre otras. “Todas estas afecciones pueden requerir atención médica costosa y prolongada”, señala la medida. Además, se instruye a los funcionarios a evaluar si los solicitantes cuentan con los recursos necesarios para costear el tratamiento médico sin ayuda del gobierno estadounidense.

Desde su primera Administración, Trump y sus asesores han insistido en denegar la residencia permanente a personas que puedan convertirse en una carga pública. La Administración del expresidente Joe Biden había revertido varias de estas normas durante su mandato, pero la Casa Blanca actual ha decidido retomar estas políticas como parte de su enfoque migratorio.

Impacto y reacciones

La decisión ha sido recibida con críticas por parte de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos en salud pública, quienes argumentan que estas medidas son discriminatorias y podrían afectar desproporcionadamente a personas de países con menos recursos.

“Esta política no solo es injusta, sino que también ignora el valor que los inmigrantes aportan a la sociedad estadounidense”,

comentó Ana María Salazar, analista de políticas migratorias.

Por otro lado, los defensores de la medida argumentan que es necesario proteger los recursos públicos y asegurar que los nuevos residentes puedan sostenerse por sí mismos sin depender del sistema de bienestar social. Esta postura refleja una tendencia más amplia hacia políticas migratorias restrictivas en varios países occidentales.

Implicaciones futuras

El impacto de esta directriz podría ser significativo, no solo para los solicitantes de visa actuales, sino también para las futuras políticas migratorias de Estados Unidos. Expertos sugieren que este tipo de medidas podrían establecer un precedente para otras naciones que buscan endurecer sus propios criterios de inmigración basados en la salud y la autosuficiencia económica.

En el futuro cercano, se espera que esta política sea objeto de desafíos legales y debates en el Congreso, especialmente en un contexto político donde la inmigración sigue siendo un tema divisivo. La comunidad internacional también estará observando de cerca cómo estas medidas afectan las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otros países.

En conclusión, mientras la administración actual busca implementar estas normas, el debate sobre el equilibrio entre la protección de los recursos públicos y el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes continúa siendo un tema central en la política estadounidense.