PP exige a Sánchez cesar al fiscal general por falta de “voluntad”

MADRID, ESPAÑA – El Partido Popular (PP) ha intensificado su presión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que cese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la confirmación de su procesamiento por el Tribunal Supremo. Según los populares, existen mecanismos legales suficientes para proceder a su destitución, pero denuncian la falta de “voluntad” del Ejecutivo para llevarlo a cabo.

El artículo 31 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece cinco supuestos en los que un fiscal general puede ser cesado antes del término de su mandato de cuatro años. Estos incluyen la petición propia del fiscal, incompatibilidad, incapacidad o enfermedad, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, o el cese del Gobierno que lo propuso. El PP se centra en el cuarto supuesto, argumentando que García Ortiz ha incurrido en un incumplimiento grave al supuestamente revelar datos personales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por “indicaciones” de Moncloa.

Fuentes del PP insisten en que el debate no debería centrarse en las opciones legales para cesar a García Ortiz, ya que su renuncia voluntaria sería suficiente. Sin embargo, acusan a Sánchez de tener intereses personales en mantenerlo en el cargo. “El problema es que no quieren que caiga porque es además el abogado de la familia de Pedro Sánchez”, señalan, refiriéndose a su actuación en el caso que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción.

Contexto y Reacciones

El procesamiento de García Ortiz ha generado un intenso debate político en España. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que un fiscal general del Estado de un país miembro enfrenta un juicio penal mientras mantiene su cargo. “Nunca había pasado antes. En ningún momento y en ningún país”, denuncia el núcleo del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de García Ortiz para evitar el juicio, concluyendo que la filtración de datos fue una “actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado”. Además, el tribunal recrimina al fiscal por borrar mensajes tras ser imputado, lo que consideran un intento de “ocultar la información” ante una posible investigación.

Implicaciones y Análisis

La situación plantea serias implicaciones para la imagen internacional de España y la confianza en sus instituciones judiciales. La permanencia de García Ortiz en el cargo podría ser vista como un debilitamiento del Estado de derecho, un tema sensible en el contexto europeo actual.

Expertos en derecho constitucional señalan que la independencia del poder judicial es un pilar fundamental de la democracia. “La percepción de que un fiscal general puede actuar bajo influencias políticas mina la confianza pública en el sistema judicial”, afirma María López, profesora de derecho en la Universidad Complutense de Madrid.

Próximos Pasos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su exigencia de dimisión para García Ortiz, argumentando que “quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos”. La presión sobre Sánchez para tomar medidas decisivas está aumentando, y el desenlace de esta situación podría tener un impacto significativo en el panorama político español.

Con la atención centrada en cómo gestionará el Gobierno esta crisis, el futuro del fiscal general y su influencia en los casos judiciales de alto perfil seguirán siendo temas de intenso escrutinio público y político.