La destitución de Gertz Manero: Un cambio en la Fiscalía

MÉXICO – La política, por definición, no entiende de lealtades internas ni de puntos de vista inmóviles. En un giro inesperado, Alejandro Gertz Manero fue removido de su cargo como Fiscal General de la República. No presentó su dimisión por voluntad propia; de hecho, la escenificación del relevo fue una clara confesión de que no tenía intención alguna de dejar el cargo.

El evento ha suscitado preguntas inevitables: ¿Por qué se fue? ¿Qué acciones llevaron a su destitución? ¿Por qué terminó la especie de licencia indefinida que parecía disfrutar desde que Julio Scherer Ibarra, entonces consejero de Presidencia, le llevó un pastel con nueve velas simbolizando los años de su mandato?

El primer fiscal “intocable”

Gertz Manero fue el primer fiscal general “independiente”, un cargo concebido para trascender sexenios y, en teoría, intocable. Con un mandato de nueve años garantizado, su nombramiento parecía blindarlo de presiones políticas, otorgándole el privilegio de convertirse en un punto y aparte en la historia de la justicia mexicana. Sin embargo, la realidad demostró que las cosas no siempre salen como se planean.

Su salida fue tan relevante que provocó una declaración pública en la revista Proceso, firmada por quien fuera responsable directo de su nombramiento y por su hijo, hoy diputado. Ambos se vieron arrastrados por los enconos personales del ex fiscal.

El trasfondo político

En medio de este movimiento político, no se supo evaluar a tiempo quién estaba realmente cerca del corazón de la presidencia. La salida de Gertz Manero refleja un cambio en la aplicación de la justicia, ahora en manos de quienes están más cerca de la presidenta y su círculo de confianza. La pregunta que surge es: ¿qué harán y cómo lo harán?

El informe, las relaciones con Rocha, y el uso de los recursos de inteligencia en manos del favorito del gobierno fueron determinantes en su destitución. La justicia en México se encuentra en una encrucijada, donde se deben definir las características y garantías de una justicia competitiva para el país.

Implicaciones futuras

Con el relevo en la Fiscalía General de la República, es cuestión de tiempo para que en Palacio Nacional se determine cuál será el entorno que ofrezca certezas suficientes para seguir depositando inversiones en México. No es difícil anticipar que habrá ajustes, no necesariamente en la composición de la Suprema Corte, pero sí en la política judicial.

Desde los tiempos de Roma, la figura de “cosa juzgada” ha sido un pilar del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el contexto actual, esa garantía ha comenzado a desaparecer. Todo puede ser reabierto o reinterpretado según la conveniencia política.

Esto será decisivo en la regulación del T-MEC y será clave para convencer al mundo de que México sigue siendo un país donde los derechos individuales gozan de garantías reales.

Es un error creer que nadie, incluido el fiscal, está por encima de la coyuntura política. Tampoco se puede suponer que, por haber surgido de un diseño institucional impecable, alguien podrá sostenerse al margen de las tensiones que definen la jurisprudencia nacional.

Este cambio es contrario al sexenio, a la presidencia y, sobre todo, al balance histórico que esta administración querrá dejar. Cuando llegue el momento de rendir cuentas, a Gertz lo perseguirá la pregunta: ¿qué ocurrió con la estructura jurídica del país y con las garantías de inversión que sostienen su desarrollo?