El Tribunal Supremo decidirá el destino del fiscal general

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) – El juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha llegado a su fase final esta semana, quedando visto para sentencia. Ahora, siete magistrados del Tribunal Supremo tienen la tarea de decidir si García Ortiz será absuelto o condenado. En caso de condena, deberán determinar si su conducta se ajusta a delitos como revelación de secretos, violación de secretos, prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos, y fijar la pena correspondiente: cárcel, inhabilitación o multa.

Las decisiones de los magistrados estarán influenciadas por las peticiones de las partes involucradas. Por un lado, la acusación particular, representada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, junto con seis acusaciones populares, exigen una sentencia condenatoria. Estas incluyen la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, y la acusación popular unificada liderada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que incluye a Vox y Hazte Oír.

Por otro lado, la Fiscalía y la defensa de García Ortiz, a cargo de la Abogacía del Estado, piden su absolución, argumentando la falta de pruebas concluyentes. “El señor fiscal general de Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí”, afirmó el abogado del Estado, José Ignacio Ocio.

Acusaciones y Defensa: Un Enfrentamiento Judicial

García Ortiz ha sido juzgado por presuntamente filtrar a la ‘Cadena SER’ un correo electrónico el 13 de marzo de 2024. Este correo, enviado por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año, ofrecía que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo para evitar la cárcel. La condena que enfrenta el fiscal general podría ser de hasta 6 años de cárcel, 12 años de inhabilitación y más de 400.000 euros en multas e indemnizaciones.

El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, reafirmó las acusaciones, solicitando 4 años de cárcel y 3 de inhabilitación, además de una multa de 108.000 euros y 300.000 euros por daños morales. “Hay indicios suficientes y prueba directa de que el fiscal general fue quien filtró el ‘email'”, argumentó Rodríguez Ramos.

Posiciones de las Acusaciones Populares

Entre las acusaciones populares, la APIF propuso la condena más severa: 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación, apuntando también a un delito de prevaricación. El ICAM, por su parte, solicitó 4 años de cárcel, 3 años de suspensión de empleo y sueldo e inhabilitación, además de una multa de 81.000 euros. La Fundación Foro Libertad y Alternativa, junto con Vox y Hazte Oír, plantearon una condena similar.

Manos Limpias fue la única en modificar sus conclusiones, reduciendo su petición de pena de prisión de 4 a 3 años, aplicando una atenuante por “vulneración del secreto sumarial”. En caso de no considerarse la prisión pertinente, sugirieron una pena alternativa de inhabilitación y multa.

Implicaciones y Consecuencias Futuras

El veredicto del Tribunal Supremo no solo determinará el futuro de García Ortiz, sino que también podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial español. Este caso ha puesto de manifiesto las tensiones entre las diferentes instituciones del Estado y ha suscitado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad en el manejo de información sensible.

Expertos legales han señalado que el caso podría sentar un precedente importante en la jurisprudencia sobre la revelación de secretos y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Además, el resultado podría influir en la percepción pública de la independencia judicial en España.

En los próximos días, se espera que el Tribunal Supremo emita su decisión, la cual será observada de cerca tanto por el público como por los profesionales del derecho. Las consecuencias de este fallo podrían resonar más allá del ámbito judicial, afectando la confianza en las instituciones y el marco legal que rige la conducta de los altos funcionarios.