Fiscal General defiende su inocencia en juicio por filtraciones

MADRID, 12 nov (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta este miércoles a uno de los momentos más cruciales de su carrera, al tomar la palabra en el juicio en el que está acusado de revelación de secretos. Durante las últimas cuatro jornadas, García Ortiz ha escuchado atentamente las declaraciones en el tribunal, pero ahora es su turno para negar las acusaciones de haber filtrado un correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En el primer día del juicio, García Ortiz ya había negado su responsabilidad. Cuando el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le preguntó si se consideraba culpable, su respuesta fue clara: «No». Esta postura la ha mantenido desde enero, cuando declaró ante el juez instructor y negó haber filtrado o haber ordenado la divulgación de información reservada relacionada con un caso de fraude a Hacienda.

El informe de la UCO y la jornada clave

Este miércoles, el tribunal escuchará a once agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, uno de los cuales testificará tanto como testigo como perito. Esta declaración es crucial, ya que la UCO realizó un registro inédito el 30 de octubre de 2024 en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial, quien fue excluida del juicio en el último momento.

El tribunal analizará los detalles del volcado de los dispositivos incautados y las razones que llevaron a la UCO a concluir que García Ortiz tuvo una «participación preeminente» en los hechos que derivaron en la filtración investigada. Los interrogatorios a los agentes, especialmente por parte de la defensa, se prevén exhaustivos.

Acusaciones y defensa

García Ortiz enfrenta peticiones de entre cuatro y seis años de cárcel y hasta doce de inhabilitación, según las acusaciones populares y la particular, ejercida por la pareja de la presidenta madrileña. Además de negar la filtración del correo del 2 de febrero de 2024, García Ortiz asumió la responsabilidad de una nota de prensa de la Fiscalía que aclaraba informaciones sobre un supuesto pacto con el abogado de Díaz Ayuso.

Uno de los puntos más controvertidos es el borrado de sus dispositivos y de su cuenta de correo. García Ortiz justificó esta acción debido a las amenazas recibidas, pero el juez instructor lo consideró un indicio en su contra. El fiscal general argumentó que borra «absolutamente todo» de manera regular porque su teléfono contiene datos «ultrasensibles» que podrían afectar la seguridad del Estado, y lo hace por «imposición legal».

Implicaciones y análisis futuro

El caso ha captado la atención pública debido a las implicaciones políticas y legales. Expertos en derecho penal señalan que el resultado del juicio podría sentar un precedente importante en la gestión de información sensible por parte de altos funcionarios. Además, la defensa de García Ortiz podría influir en futuras políticas de seguridad digital dentro de las instituciones del Estado.

En un contexto más amplio, este juicio resalta la creciente preocupación por la protección de datos y la privacidad en la era digital. La gestión de información confidencial y las medidas de seguridad adoptadas por los funcionarios públicos están bajo un escrutinio más intenso que nunca.

El desenlace del juicio no solo determinará el futuro de García Ortiz, sino que también podría tener repercusiones significativas en la percepción pública de la transparencia y la responsabilidad en el manejo de información estatal. Los próximos días serán decisivos para el fiscal general, quien continúa defendiendo su inocencia con firmeza.