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Desapariciones en México: ¿Qué significa la intervención de la ONU?
CIUDAD DE MÉXICO – La creciente crisis de desapariciones en México ha captado la atención internacional, alcanzando un punto crítico el pasado 2 de abril cuando el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta medida sin precedentes ha generado incertidumbre sobre sus posibles implicaciones y escenarios futuros.
El artículo 34, nunca antes invocado, podría abrir la puerta a una serie de acciones que van desde el asesoramiento internacional hasta la creación de una comisión de investigación de la ONU en México. Expertos consultados por EL UNIVERSAL destacan que, aunque las consecuencias exactas son inciertas, el hecho de que el CED haya catalogado el tema como urgente subraya la gravedad de la situación.
El papel de la ONU y sus posibles acciones
El CED ha solicitado que la situación en México sea discutida en la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando la existencia de elementos que podrían indicar un problema sistemático de desapariciones. Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, explica que la activación del artículo 34 implica que el Secretario General de la ONU, António Guterres, lleve el tema a la agenda de la próxima Asamblea General.
Paulina Palencia, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), destaca que el objetivo es que se aprueben medidas de apoyo para México, incluyendo cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda e investigación de desapariciones forzadas.
“El llamado del comité es un llamado no solo al Estado mexicano, sino a todos los países miembros de la ONU para que cooperen con México”, afirma Olivares Ferreto.
Implicaciones para México en la Asamblea General
Las sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se extienden desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2026, podrían ver a México compareciendo para explicar la situación, aunque no en términos de un juicio. Leslie Jiménez, maestra en derecho, aclara que los estados miembros debatirán la situación y podrían emitir un pronunciamiento o resolución.
Edith Olivares menciona la posibilidad de establecer una comisión que trabaje y asesore sobre las desapariciones en México, similar al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense instaurado en 2021, aunque disuelto en 2024 por falta de presupuesto.
“La ONU ha definido que el tema de la desaparición no es solo un problema local, sino global, y lo mismo podría suceder en el caso de México”, explica Olivares.
Reacciones del gobierno mexicano
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, ha rechazado el informe del CED, calificándolo de tendencioso. Olivares critica la respuesta defensiva del Estado, que ha negado la existencia de desaparición forzada y ha mostrado una reacción negativa hacia el CED.
El gobierno argumenta que desde 2018 se han registrado avances significativos en políticas públicas y que el informe omite estos progresos, subrayando que muchas desapariciones están vinculadas al crimen organizado y no a acciones del Estado.
“Desde el inicio, desafortunadamente, la respuesta del Estado mexicano ha sido sumamente defensiva”, comenta Olivares.
El camino a seguir
Si México rechaza las medidas de apoyo del CED, Paulina Palencia sugiere que la ONU podría canalizar asistencia a organizaciones no gubernamentales, aunque esto no podría hacerse a través de la Asamblea General, sino por un órgano subsidiario.
El desenlace de esta situación podría tener implicaciones significativas para la posición internacional de México. Luis Eliud Tapia advierte que ignorar un mandato de la Asamblea General podría degradar la posición de México en el escenario internacional.
Mientras tanto, las familias de los desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos continúan presionando por una respuesta efectiva y transparente del gobierno mexicano, con la esperanza de que la atención internacional impulse un cambio tangible en el abordaje de esta crisis humanitaria.
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