CIDE: 42% de plazas docentes asignadas a burocracia bajo Tellaeche

CIUDAD DE MÉXICO – El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha estado bajo escrutinio después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelara que el 42% de las plazas destinadas a profesores fueron asignadas a personal administrativo durante la gestión de José Antonio Romero Tellaeche. Esta revelación fue parte de una inspección de desempeño realizada en 2023.

En una entrevista, José Roldán Xopa, Secretario General del Sindicato del CIDE, afirmó que esta situación persistió al menos hasta 2025. La auditoría también destacó una caída dramática del 92% en la producción de investigaciones científicas, lo que ha generado preocupación en la comunidad académica.

Asignación de plazas y caída en la investigación

Según el informe de auditoría 2023-2-3890M-07-0043-2024, de las 176 plazas asignadas a profesores, 75 fueron utilizadas para actividades administrativas. Roldán Xopa explicó que estas plazas académicas se destinaron a tareas burocráticas debido a la falta de autorización de plazas administrativas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en febrero de 2024 los catálogos de sueldos, donde se detalla que un profesor investigador titular “C” en el CIDE percibe un sueldo bruto base de 45,504 pesos, mientras que un técnico auxiliar “A” gana 11,110 pesos. En contraste, un delegado administrativo recibe 23,049 pesos y un archivista administrativo, 7,253 pesos.

“El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”, comentó Rosaura Ruiz sobre la salida de Romero Tellaeche.

Sesgo político en las contrataciones

Catalina Pérez Correa, ex profesora-investigadora del CIDE, denunció que la administración de Romero Tellaeche violó la normatividad interna al realizar contrataciones directas, favoreciendo perfiles con afiliación política al partido oficialista. Como ejemplo, mencionó contrataciones en Aguascalientes de personas destacadas por su labor afiliando militantes para Morena.

“Se privilegiaron perfiles políticos sobre credenciales científicas”, afirmó Pérez Correa.

La auditoría también reveló una disminución significativa en la producción de proyectos de investigación. En 2018, el CIDE desarrollaba 134 proyectos, cifra que bajó a solo 16 en 2023. Los proyectos de investigación científica pasaron de 82 a 6, y los productos de investigación disminuyeron de 447 a 224.

Impacto de la extinción de fideicomisos

La institución justificó este descenso alegando la extinción del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología del CIDE en 2021, un movimiento que el gobierno federal argumentó era necesario para atender la pandemia de Covid-19. Sin embargo, Catalina Pérez criticó que estos fideicomisos se presentaron engañosamente como compuestos únicamente por recursos públicos, cuando también incluían fondos privados gestionados por académicos.

La desaparición de estos fondos eliminó la posibilidad de mejorar el equipamiento, otorgar becas y continuar proyectos de largo plazo. La ASF consideró solventada su observación tras la acreditación del Plan de Trabajo de 2025, que busca impulsar nuevos proyectos de investigación.

El costo humano y el futuro del CIDE

José Roldán Xopa señaló que la baja producción de investigaciones no solo se debe a la falta de fondos, sino también a un “clima adverso” que ha provocado la salida de académicos. Durante la última revisión contractual, se contabilizaron 20 vacantes, cerca del 10% de la planta docente total.

La llegada de Lucero Ibarra como nueva directora ofrece una oportunidad para reconstruir el CIDE. Roldán Xopa sugiere que la recuperación requiere devolver las plazas académicas a su función original, eliminar la contratación por honorarios y retomar concursos de oposición abiertos.

Catalina Pérez enfatiza la necesidad de una reforma estructural para dotar al CIDE de una independencia similar a la de El Colegio de México, protegiendo a la institución de futuras imposiciones políticas. Además, aboga por un proceso formal de rendición de cuentas para investigar el manejo de recursos y plazas durante la gestión de Romero Tellaeche.

“Debe existir transparencia sobre lo ocurrido para que el exdirector se responsabilice por sus decisiones”, concluyó Pérez.