Vizcarra podría enfrentar riesgos si es trasladado a penal común

LIMA, PERÚ – La reciente decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular la asignación del expresidente Martín Vizcarra al penal de Barbadillo ha generado una ola de reacciones y preocupación. César Figueredo, secretario general del partido político Perú Primero, manifestó su rechazo ante esta medida, destacando que la vida de Vizcarra podría estar en peligro si es trasladado a un penal común.

Figueredo expresó su sorpresa en una entrevista con RPP, señalando que la decisión del INPE fue tomada de oficio y sin una justificación clara. “No queremos creer, porque sería ya inverosímil que la vida del presidente sea puesta en peligro al ponerlo en un establecimiento penal común”, afirmó. “Si existe el penal de Barbadillo, es justamente para los altos funcionarios, expresidentes, que requieren una protección especial”, añadió.

Contexto y antecedentes del caso

El INPE declaró nula la clasificación que permitió el ingreso de Vizcarra al penal de Barbadillo, tras detectar irregularidades en el procedimiento de clasificación realizado el 14 de agosto. Según la resolución, la Junta Técnica de Clasificación no aplicó correctamente la normativa vigente, ya que el puntaje obtenido por Vizcarra (16) correspondía al penal de Lurigancho, según la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP.

La decisión se basó en el artículo 41° del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el Decreto Supremo N° 015-2023-JUS y la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. Para corregir estas inconsistencias, se conformó una nueva Junta Técnica de Clasificación, que evaluará nuevamente el caso de Vizcarra.

Opiniones y reacciones

Figueredo hizo un llamado al Poder Judicial para que resuelva rápidamente la apelación presentada contra la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada contra Vizcarra. “No quiero creer, quiero pensar bien, quiero creer que esta nueva junta va a ratificar lo que hizo la anterior”, comentó, subrayando que la apelación debería resolverse en 20 o 25 días.

El caso ha captado la atención pública, ya que Vizcarra se convirtió en el quinto expresidente en ser recluido en Barbadillo, junto a Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori. La prisión preventiva fue dictada en el marco de investigaciones fiscales por presuntos sobornos en los casos Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, donde la Fiscalía solicita una condena de 15 años.

Implicaciones y análisis futuro

El traslado de Vizcarra a un penal común podría tener serias implicaciones para su seguridad, dada su condición de exmandatario y la naturaleza de las acusaciones en su contra. La nueva Junta Técnica de Clasificación, integrada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social, tiene la responsabilidad de evaluar las opciones de reclusión, garantizando el respeto a los derechos del interno.

Entre los establecimientos en evaluación figura Lurigancho, aunque el INPE no ha confirmado oficialmente esta opción. La situación de Vizcarra podría convertirse en un punto de inflexión en la política penitenciaria del país, especialmente en lo que respecta al trato de exfuncionarios de alto perfil.

El desenlace de este proceso no solo afectará a Vizcarra, sino que también podría sentar un precedente para futuros casos de expresidentes enfrentando procesos judiciales. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos estarán observando de cerca cómo se maneja este caso, lo que podría influir en la percepción global de la justicia peruana.