BUENOS AIRES, ARGENTINA – El fiscal federal Carlos Stornelli ha asumido oficialmente la investigación de una denuncia presentada por el Gobierno Nacional sobre presuntas maniobras de espionaje ilegal que afectan a la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei. Este caso ha cobrado relevancia en el contexto político actual del país.
Stornelli, en su requerimiento de instrucción, ha dejado claro que no impulsará medidas sobre las fuentes de los periodistas, amparándose en el mandato constitucional. Sin embargo, expresó que si algún periodista desea aportar voluntariamente información que pueda ayudar a esclarecer los hechos, será bienvenido. Las medidas consideradas “invasivas”, como allanamientos, solo se llevarán a cabo bajo una orden fundada de un juez competente.
Ampliación de la denuncia y nuevos actores
En un desarrollo paralelo, el abogado Fernando Soto presentó una ampliación de la denuncia en el juzgado de Ercolini, solicitando investigar al usuario @estoesdopamina de la red social “X”. Bajo el seudónimo “Dopamina”, este usuario publicó un audio atribuido a Karina Milei, que menciona al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Soto expresó dudas sobre la autenticidad del audio, pero subrayó que podría haber sido obtenido de manera clandestina.
Martín Menem respondió a estas acusaciones, afirmando que el audio, “en el hipotético caso de que fuera real”, parece haber sido grabado ilegalmente en la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde se llevan a cabo reuniones para coordinar el trabajo parlamentario y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza.
Implicaciones políticas y sociales
Para Soto, estos eventos forman parte de una estrategia deliberada de espionaje ilegal con el objetivo de dañar al Gobierno y provocar escándalo social, especialmente en un momento cercano a las elecciones provinciales y nacionales. Según él, existe una organización detrás de estos actos, con fines claros de manipulación política.
En un contexto más amplio, la situación ha generado un debate sobre la seguridad y privacidad en las instituciones gubernamentales de Argentina. Las acusaciones de espionaje no solo afectan al Poder Ejecutivo, sino que ahora también apuntan al Poder Legislativo, lo que podría tener consecuencias significativas para la estabilidad política del país.
Reacciones y medidas legales
En otro frente, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del streaming “Carnaval”, quienes revelaron parte de los audios, están preparando una apelación contra la medida cautelar del juez federal Alejandro Maraniello, que prohíbe la difusión de cualquier material audiovisual relacionado con Karina Milei. Esta medida ha suscitado un debate sobre la libertad de prensa y el derecho a la información en el país.
La Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación ha sido un escenario clave para discutir estos temas, mientras el país observa de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el impacto de estas investigaciones en el panorama político argentino.
El caso sigue en desarrollo y se espera que nuevas revelaciones y decisiones judiciales continúen alimentando el debate público sobre el espionaje y la privacidad en Argentina.