MADRID, ESPAÑA – Salvador Ruiz Gallud, exdirector general de la Agencia Tributaria bajo el mandato de Cristóbal Montoro, ha sido señalado por intentar presentar a un abogado en prácticas como un “experto en tributación” para eludir impuestos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revela que Ruiz Gallud buscaba justificar el uso de su empresa Plataforma de Soluciones Jurídicas S.L. para reducir su carga fiscal.
La empresa, considerada por la Fiscalía Anticorrupción como una “pantalla”, fue utilizada para facturar los servicios prestados al despacho Equipo Económico, fundado junto a Montoro. Según el fallo del TSJM, Ruiz Gallud intentó evitar los tipos impositivos progresivos del IRPF, optando por el Impuesto sobre Sociedades, lo que le habría permitido un ahorro fiscal significativo.
Detalles del caso y el fallo judicial
La sentencia, fechada el 22 de junio de 2022, confirma que Ruiz Gallud deberá pagar una liquidación provisional del IRPF correspondiente a los años 2013 y 2014, por un total de 253.125 euros, incluyendo sanciones por infracciones tributarias. La investigación reveló que el abogado supuestamente experto había sido contratado a finales de 2013 y recibía un salario muy inferior al de Ruiz Gallud.
El TSJ madrileño determinó que el empleado era “un mero colaborador”, sin la cualificación necesaria para alterar la naturaleza de los servicios prestados por Ruiz Gallud, quien era el principal generador de ingresos para la empresa.
Contexto y antecedentes
Ruiz Gallud, con un 98% de propiedad de la empresa disuelta en 2015, trasladó al empleado a Equipo Económico S.L., donde poseía el 11,83% de las participaciones. El tribunal rechazó las alegaciones de que la empresa contaba con medios materiales y personales suficientes, destacando que su único activo eran equipos informáticos.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla que Ruiz Gallud recibió 4.835.142 euros en retribuciones personales de Equipo Económico entre 2008 y 2019, además de 358.066 euros en dividendos entre 2016 y 2019.
Implicaciones y posibles consecuencias
Este caso se enmarca dentro de una investigación más amplia conocida como el caso Montoro, donde Ruiz Gallud está imputado por su relación con el exministro de Hacienda. La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, busca determinar si los propietarios de Equipo Económico formaron parte de una organización destinada a influir en reformas legislativas favorables.
El caso subraya la complejidad de las estructuras empresariales utilizadas para la elusión fiscal y plantea interrogantes sobre la ética en la gestión de despachos vinculados a figuras políticas de alto perfil.
En el futuro, este fallo podría sentar un precedente en la lucha contra la evasión fiscal, reforzando la vigilancia sobre las prácticas empresariales de figuras influyentes. Las autoridades fiscales podrían intensificar las inspecciones para garantizar el cumplimiento de las normativas tributarias, especialmente en empresas relacionadas con exfuncionarios públicos.