BARRANQUILLA, COLOMBIA – A pesar de que Barranquilla reporta coberturas cercanas al 99% en servicios públicos como acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, miles de familias en sectores vulnerables enfrentan cortes de agua de hasta 15 horas diarias y problemas de acumulación de basura. Estas deficiencias afectan directamente la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
En respuesta a esta situación, World Vision Colombia, en colaboración con la Universidad del Norte, organizó un taller para 29 líderes comunitarios de Barranquilla y Soledad. El objetivo fue fortalecer sus conocimientos sobre servicios públicos y mecanismos legales para exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de la niñez.
Brechas entre cobertura y realidad
La aparente cobertura casi total en servicios básicos contrasta con las frecuentes denuncias de interrupciones prolongadas, deficiencias en la recolección de residuos y falta de respuesta institucional. Estas fallas no solo afectan la calidad de vida de los adultos, sino que inciden directamente en el desarrollo físico, emocional y educativo de los menores.
Durante el taller, los participantes reflexionaron sobre cómo una prestación eficiente de los servicios públicos está directamente relacionada con el acceso a derechos como la educación, la salud y un ambiente sano. También se abordaron rutas legales para que los ciudadanos puedan presentar acciones constitucionales, peticiones y denuncias ante las autoridades competentes.
Voces desde la comunidad
Yineth, una docente participante, destacó la utilidad del espacio:
“Como docentes y ciudadanos enfrentamos muchas situaciones legales en nuestras comunidades, y no siempre sabemos cómo actuar. Este taller nos dio herramientas prácticas para ejercer nuestros derechos y orientar a otros en la defensa de la niñez”, expresó.
Por su parte, Luz Helena, psicorientadora de una institución educativa, resaltó el valor transformador de la jornada:
“Estos espacios nos nutren con herramientas jurídicas que aplicamos no solo en el aula, sino también en el trabajo social con las comunidades. Orientar, transformar y liderar procesos que despierten conciencia sobre el respeto a los derechos de los menores es parte de nuestra misión”, afirmó.
Ambas coincidieron en que el conocimiento adquirido permite a los educadores y líderes comunitarios actuar con mayor claridad frente a situaciones que vulneran los derechos de los niños y niñas, especialmente en contextos donde el acceso a servicios básicos es limitado o irregular.
Participación multisectorial
El encuentro contó con la presencia de representantes de instituciones educativas, organizaciones comunitarias y de base de fe. Todos recibieron formación sobre los mecanismos constitucionales disponibles para exigir el cumplimiento de los derechos de la infancia, incluyendo acciones de tutela, derechos de petición y participación en mesas técnicas locales.
Además, se discutió el papel de las comunidades en la vigilancia ciudadana de los servicios públicos, y cómo pueden documentar y reportar fallas que afecten a la población infantil. Se enfatizó la importancia de actuar de manera articulada con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las personerías municipales y las oficinas de servicios públicos.
Más allá del contenido técnico, el taller buscó instalar capacidades en los territorios para que los líderes comunitarios se conviertan en agentes activos de cambio. La idea es que puedan orientar a sus vecinos, acompañar procesos de exigibilidad y promover una cultura de respeto por los derechos de la niñez.
World Vision, organización global con presencia en Colombia desde hace décadas, ha enfocado parte de su trabajo en la protección integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. A través de este tipo de espacios formativos, busca cerrar la brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en los territorios, fortaleciendo el tejido social desde la base.
“Felicitamos a quienes lideraron esta jornada. Las dinámicas fueron pertinentes y nos ayudan a fortalecer nuestra labor como agentes de cambio”, concluyó Luz Helena.
La jornada también dejó claro que, en contextos de alta vulnerabilidad, el conocimiento legal no debe ser exclusivo de abogados o funcionarios, sino una herramienta accesible para quienes están en contacto directo con las comunidades.