Informe critica defensa del fiscal general por Abogacía del Estado

Madrid, España – Un informe de la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho ha generado controversia al cuestionar la defensa institucional del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio oral que comenzó el 3 de noviembre de 2025. El documento, firmado por Francisco Espinosa, abogado del Estado jubilado, critica tanto la decisión de asumir la defensa como la estrategia procesal adoptada.

El informe plantea que los hechos imputados no forman parte de las funciones del fiscal general, destacando que la emisión de notas informativas y el riesgo de filtración de documentos reservados no son competencias del cargo. Espinosa señala que, aunque se pueden emitir notas de prensa o desmentidos, deben respetar el carácter reservado de la documentación.

Críticas a la defensa institucional

El documento subraya que la Abogacía del Estado solo debería defender conductas dentro del legítimo ejercicio de las funciones del investigado. Además, advierte de un posible conflicto de intereses al defender al fiscal general, lo que podría acarrear responsabilidad civil subsidiaria del Estado y condenas en costas con fondos públicos.

La estrategia procesal también es cuestionada. Espinosa critica la oposición a las Comisiones Rogatorias a Irlanda y EE.UU. para recuperar datos borrados por el fiscal general y el intento de excluir a la prensa del caso. Además, cuestiona que el fiscal general no respondiera a las preguntas del juez instructor, limitándose a contestar a su propia defensa, lo que el informe considera un reflejo de culpabilidad presunta.

Precedentes y argumentos legales

El informe resalta que otros fiscales investigados, al cambiar su defensa a abogados colegiados, han visto sobreseídas sus causas. Cita los casos de Julián del Salto, Diego Villafañe Díez y Pilar Rodríguez como ejemplos de sobreseimientos inmediatos tras cambiar de defensa.

Espinosa argumenta que la defensa podría alegar la excusa absolutoria de “obediencia debida”, una línea que podría trasladar la responsabilidad al nivel político más alto, sugiriendo incluso la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Implicaciones y escenarios futuros

El informe destaca características procesales que generan sospechas sobre la autoría de la filtración, como el borrado de archivos de WhatsApp y Gmail por parte de García Ortiz. Espinosa critica que, si el fiscal general quisiera probar su inocencia, podría haber utilizado sus medios electrónicos, pero no lo hizo.

El documento también cuestiona la decisión de declarar al final del juicio, una táctica que favorece al presunto culpable. Espinosa advierte que el juicio daña profundamente al Estado de Derecho y prevé que cualquier resultado será perjudicial.

El contrainforme analiza tres escenarios posibles: una sentencia condenatoria que provocaría una perturbación en el sistema judicial, una condena moderada como la solución menos mala, y una absolución que podría ser utilizada políticamente para descalificar al sistema judicial.

En conclusión, el informe de la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho plantea serias dudas sobre la defensa del fiscal general y sugiere que el caso podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial español. Las próximas etapas del juicio serán cruciales para determinar el impacto de estas acusaciones y la respuesta del sistema judicial.