Declaraciones clave en el juicio del fiscal García Ortiz sobre el borrado de su móvil

MADRID, ESPAÑA – En la quinta jornada del juicio contra el máximo responsable del Ministerio Público, las declaraciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han arrojado luz sobre un controvertido episodio: el borrado del teléfono móvil del fiscal general Álvaro García Ortiz. Este acto, realizado el 16 de octubre de 2024, el mismo día en que se conoció la apertura de una causa en su contra por parte del Tribunal Supremo, ha sido señalado como un intento de eludir la certeza técnica sobre posibles pruebas incriminatorias.

Durante la audiencia, los agentes explicaron que el borrado del dispositivo incluyó la eliminación de mensajes y llamadas de WhatsApp. Según los investigadores, García Ortiz se comunicó esa noche con sus subordinados a través de esta aplicación, como lo demuestran los mensajes encontrados en el móvil de Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, quien no borró su dispositivo.

Contexto del caso y el papel de los correos electrónicos

El juicio también se ha centrado en el intercambio de correos electrónicos entre el abogado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal Julián Salto. Estos correos, que forman parte de la investigación, fueron solicitados por García Ortiz para desmentir una información publicada el 13 de marzo de 2024 en el diario El Mundo. Según el periódico, el fiscal habría ofrecido a la pareja de Isabel Díaz Ayuso declararse culpable de fraude tributario a cambio de una reducción de la pena.

No obstante, la realidad era diferente. En un correo fechado el 2 de febrero de 2024, Neira propuso un acuerdo de conformidad, admitiendo la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública. Este correo fue posteriormente difundido por la Cadena Ser, dos horas después de llegar a manos de García Ortiz.

El interrogatorio y las declaraciones de los peritos

Durante el interrogatorio, Consuelo Castro, exabogada general del Estado y defensora de García Ortiz, cuestionó a los peritos sobre el acceso al correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, al que tienen acceso 16 personas. Aunque los peritos confirmaron este acceso, señalaron que no era posible determinar quién accedió al correo en el tiempo en que fue difundido.

La defensa de García Ortiz argumenta que el fiscal general solía borrar su smartphone mensualmente debido a la relevancia de la información que recibía. Por lo tanto, sostienen que los mensajes de marzo, relacionados con las filtraciones, ya no estaban en el dispositivo para el 16 de octubre.

Conclusiones y perspectivas futuras

Los investigadores de la UCO concluyeron que el borrado del móvil y el cambio de terminal por parte de García Ortiz apuntan a una participación más directa en los hechos investigados. Sin embargo, los peritos de la defensa sostienen que no es posible determinar cuántos mensajes fueron borrados ni la fecha exacta de su eliminación.

Este caso ha generado un debate sobre la integridad y transparencia en las instituciones públicas. La defensa insiste en que cualquier inferencia sobre la destrucción de pruebas es especulativa, ya que los mensajes pudieron haberse eliminado antes de la fecha en cuestión.

Con el juicio llegando a su fin, las implicaciones de este caso podrían ser significativas para el sistema judicial español y la percepción pública sobre la gestión de la Fiscalía. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el impacto de estas revelaciones en el futuro del fiscal general y en la confianza en las instituciones.