LIMA, PERÚ – El secretario general del partido político Perú Primero, César Figueredo, ha expresado su profunda preocupación ante la reciente decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular la resolución que permitía al expresidente Martín Vizcarra cumplir su prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Esta medida, según Figueredo, podría poner en riesgo la vida del exmandatario si es trasladado a un penal común.
En declaraciones a RPP, Figueredo manifestó su sorpresa y consternación por la decisión tomada de oficio por el INPE. “No queremos creer, porque sería ya inverosímil que la vida del presidente sea puesta en peligro al ponerlo en un establecimiento penal común,” afirmó. Según el secretario general, el penal de Barbadillo está diseñado específicamente para altos funcionarios y expresidentes que requieren protección especial.
Contexto y antecedentes del caso
Martín Vizcarra, quien fue presidente de Perú entre 2018 y 2020, enfrenta cargos relacionados con los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’. El Poder Judicial le impuso cinco meses de prisión preventiva la semana pasada, decisión que ha sido apelada por sus abogados.
El INPE había clasificado inicialmente a Vizcarra para que cumpliera su detención en el penal de Barbadillo, una instalación que ofrece mayores medidas de seguridad para exmandatarios. Sin embargo, la anulación de esta clasificación ha generado incertidumbre sobre su destino penitenciario.
Reacciones y llamados a la acción
Figueredo ha instado al Poder Judicial a resolver con celeridad la apelación presentada contra la prisión preventiva de Vizcarra. “Queremos creer que esta nueva junta va a ratificar lo que hizo la anterior y va a establecer que el presidente pueda seguir cumpliendo estos cinco meses,” expresó, añadiendo que esperan una resolución rápida en un plazo de 20 a 25 días.
El INPE, por su parte, justificó su decisión señalando irregularidades en la clasificación inicial de Vizcarra y mencionando el incumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la Directiva 006-2023 INPE. Tres funcionarios han sido designados para formar una nueva Junta de Clasificación que determinará el lugar de reclusión del exmandatario en las próximas horas.
Implicaciones y análisis futuro
El traslado de Vizcarra a un penal común podría tener implicaciones significativas tanto para su seguridad personal como para el clima político en Perú. La preocupación por la seguridad de los exmandatarios en prisión no es nueva en el país, y este caso podría reavivar el debate sobre las condiciones carcelarias para figuras políticas de alto perfil.
Expertos en derecho penal han señalado que la protección de exfuncionarios es crucial para evitar represalias y garantizar un trato justo durante los procesos judiciales.
“La seguridad de un expresidente en prisión debe ser una prioridad, no solo por su integridad personal sino también para preservar la estabilidad institucional,”
comentó un analista político.
El desarrollo de este caso será seguido de cerca, ya que podría establecer precedentes sobre cómo se manejan las detenciones preventivas de altos funcionarios en Perú. La decisión final de la nueva Junta de Clasificación del INPE será determinante para el futuro inmediato de Vizcarra y podría influir en la percepción pública sobre la imparcialidad del sistema judicial del país.