LIMA, PERÚ – El secretario general del partido político Perú Primero, César Figueredo, ha expresado su rechazo a la reciente decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular la internación del expresidente Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo. Esta medida, que responde a las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, podría llevar al exmandatario al penal de Lurigancho, una acción que Figueredo considera peligrosa para la vida de Vizcarra.
Durante una entrevista con RPP, Figueredo manifestó su preocupación por el posible traslado de Vizcarra a una cárcel común, subrayando que su vida correría peligro en tales condiciones. “No queremos creer que la vida del presidente sea puesta en peligro al ponerlo en un establecimiento penal común”, afirmó. Figueredo insistió en que el penal de Barbadillo fue creado para proteger a altos funcionarios y expresidentes, y que cualquier otra decisión sería inverosímil.
Decisión del INPE y reacciones
La decisión del INPE de crear una nueva Junta Técnica de Clasificación para evaluar la reubicación de Vizcarra ha generado controversia. Según la resolución a la que tuvo acceso el diario La República, el exjefe de Estado recibió un puntaje de 10 en su ficha de clasificación, asignándolo inicialmente al penal de Barbadillo. Sin embargo, la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP sugiere que Lurigancho es el lugar adecuado para procesados como Vizcarra.
Figueredo instó al Poder Judicial a resolver el pedido de apelación de prisión preventiva contra Vizcarra, confiando en que la nueva junta ratificará la decisión inicial de mantenerlo en Barbadillo. “Con la apelación, en 20 o 25 días, esto se podrá resolver”, mencionó, expresando su esperanza en que se respete la protección especial que merece un expresidente.
Contexto legal y acusaciones
El pasado 13 de agosto, el Poder Judicial, bajo la dirección del juez Jorge Chávez Tamariz, dictó cinco meses de prisión preventiva para Vizcarra. Esta medida responde a las investigaciones por presunto cohecho, donde se acusa al exmandatario de haber recibido sobornos por S/2.3 millones de las empresas ICCGSA y Obrainsa. Durante el juicio, Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, admitió haber entregado S/1 millón a Vizcarra a cambio del proyecto Lomas de Ilo.
El juez argumentó que Vizcarra carecía de arraigo laboral y familiar, y que existía un riesgo de fuga y obstrucción del proceso. Estas consideraciones han sido clave para justificar la prisión preventiva, aunque la defensa de Vizcarra sigue apelando la decisión.
Implicaciones y análisis futuro
El caso de Martín Vizcarra destaca la complejidad del sistema judicial peruano y la tensión política que rodea a los exfuncionarios de alto perfil. La decisión final sobre su lugar de reclusión no solo afecta su seguridad personal, sino que también tiene implicaciones para la percepción pública de la justicia en el país.
Si Vizcarra es trasladado a Lurigancho, podría sentar un precedente sobre cómo se manejan los casos de exmandatarios en Perú. Además, podría influir en futuras decisiones judiciales y en la política de encarcelamiento de figuras políticas de alto nivel. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos estarán observando de cerca cómo se desarrolla esta situación.
En los próximos días, se espera que la nueva Junta Técnica de Clasificación del INPE tome una decisión definitiva. Mientras tanto, el debate sobre la seguridad y el trato justo a los exlíderes continúa siendo un tema candente en el ámbito político peruano.