Senador demanda Presupuesto Nacional de Colombia por irregularidades

BOGOTÁ, COLOMBIA – En un movimiento que ha sacudido el ámbito político colombiano, el senador Carlos Fernando Motoa ha presentado una demanda ante la Corte Constitucional contra el recientemente aprobado Presupuesto General de la Nación (PGN). El legislador argumenta que el presupuesto, aprobado el 16 de octubre, presenta vicios de procedimiento y otorga excesivas facultades al presidente Gustavo Petro.

En un extenso documento de 70 páginas, Motoa detalla sus preocupaciones sobre cómo el PGN podría afectar la operación del Estado a corto plazo. “El PGN no responde a las verdaderas necesidades de los colombianos. Su atropellado trámite en el Congreso vulneró principios esenciales de nuestra Constitución: el principio democrático, el de publicidad y el de bicameralismo”, expresó Motoa.

Impacto en las regiones y sectores clave

El senador, oriundo de Palmira, Valle del Cauca, subraya que el presupuesto reduce los recursos para sectores vitales como Vivienda y Agricultura, mientras que recorta el pago de la deuda y otras obligaciones del país. Motoa también destaca que el Gobierno Central planea aumentar su participación en el presupuesto regionalizado del 21% al 24% para 2026, lo que significaría que las regiones dejarían de recibir alrededor de $3.6 billones para necesidades esenciales como salud e infraestructura.

“Esto refleja un Gobierno Central que no cree en las regiones, la descentralización ni la autonomía fiscal”, afirmó el senador del partido Cambio Radical. Según él, la mayoría de los recursos en manos de la Nación rara vez se ejecutan en proyectos que impacten positivamente a la población.

Vicios de procedimiento en el PGN

Motoa señala que uno de los principales vicios del PGN es que el Senado aprobó el texto de la Cámara sin debate alguno, ignorando más de 70 proposiciones de distintos senadores. Además, critica que la Plenaria “nunca conoció finalmente el texto aprobado, pues no fue publicado ni reproducido, como exige la Ley 5 de 1992”.

El senador también menciona que el artículo 89 vulnera la unidad de materia al introducir una modificación permanente sobre el recaudo de peajes. “El artículo 90 entrega facultades extraordinarias al Presidente, permitiendo alterar el presupuesto entre ministerios por decreto”, subrayó Motoa, calificando este vicio como uno de los más graves.

Críticas desde el sector social

El PGN también ha recibido críticas de otros congresistas. La senadora Norma Hurtado, desde el sector social, ha enfatizado en el impacto sobre la salud pública, alertando que los recursos destinados al sistema de seguridad social “no reflejan la magnitud del déficit” y no consideran las necesidades de un sistema que afecta a millones de colombianos que esperan tratamiento médico.

“La reducción de aportes a la mediana y alta complejidad médica puede poner en riesgo la atención de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo”, ironizó Hurtado, señalando que “poco se dijo del déficit del sistema. No sé si es que todos los enfermos se curaron y no nos avisaron”.

Un presupuesto de más de 500 billones

El PGN para 2026, con un monto total de $546,9 billones, fue aprobado por la plenaria del Senado con 50 votos a favor y 27 en contra. Este presupuesto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, evita el trámite de conciliación y estará vigente a partir del primero de enero del próximo año.

La aprobación del PGN refleja tanto los acuerdos políticos del Gobierno como las tensiones por la distribución del gasto. Sin embargo, las críticas y demandas como la de Motoa podrían abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia y la equidad en la asignación de recursos públicos en Colombia.

Con la demanda presentada, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la validez del PGN, lo que podría tener implicaciones significativas para la política fiscal del país en los próximos años. La respuesta de la Corte será crucial para determinar si el presupuesto se ajusta a los principios constitucionales y si las regiones recibirán los recursos necesarios para su desarrollo.