MADRID, ESPAÑA – Más de 5.000 personas con plaza en el Cuerpo Administrativo de la Administración General del Estado (AGE) se enfrentarán a un mínimo de dos meses sin recibir salario debido a una “demora injustificada” en la incorporación de nuevos funcionarios, según informan fuentes de Comisiones Obreras (CC.OO.). El Gobierno había prometido cubrir estos puestos durante el mes de julio, pero el compromiso no se ha cumplido.
La situación se complica tras la reciente intervención del Grupo de los Populares en el Congreso, que envió una carta al Ejecutivo solicitando aclaraciones sobre el retraso en el curso selectivo y otros temas relacionados con la oferta de empleo público del Cuerpo de Gestión de Administración Civil del Estado, afectando a 2.549 opositores. CC.OO. ha emitido un comunicado denunciando tanto este retraso como la falta de asignación de destino e incorporación de 5.400 interinos y personas del sector privado que aprobaron las oposiciones.
Impacto en miles de familias
Las casi ocho mil personas afectadas derivan de dos procesos selectivos: uno para el Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado, con más de 2.500 personas, y otro para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, con más de 5.400 personas. El pasado 30 de junio, los empleados interinos fueron cesados de sus cargos y deberían haber asumido sus nuevos puestos en julio, lo cual no ha ocurrido, generando incertidumbre sobre cuándo se concretará su incorporación.
CC.OO. lamenta que la “mala praxis” y “falta de implicación” de la Dirección General de Función Pública afecten a miles de familias, que seguirán sin cobrar hasta al menos septiembre.
“Es muy preocupante, sobre todo porque tenemos a miles de familias, más de 5.000 personas, con sus correspondientes problemas y responsabilidades sin cobrar desde el 30 de junio”,
declaran representantes del sindicato.
Retrasos en el proceso selectivo
En cuanto a los 2.500 afectados del Cuerpo de Gestión, el curso selectivo, un requisito previo a la incorporación, se ha retrasado cuatro meses. Este proceso comenzó el 15 de diciembre de 2024, pero el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) ha comunicado que no se iniciará antes de octubre de 2025, y una nueva nota informativa lo pospone hasta febrero de 2026.
Estos puestos vacantes son esenciales para servicios públicos como la renovación del DNI o pasaporte, gestión de altas y bajas en el SEPE y la Seguridad Social, y resolución de expedientes de Extranjería o Instituciones Penitenciarias. El retraso en la incorporación de estos funcionarios también afectará a la ciudadanía, advierten desde CC.OO.
Exigencias y consecuencias económicas
Comisiones Obreras exige un compromiso para agilizar las ofertas de empleo público de la AGE, demandando la incorporación del cuerpo Administrativo “como tarde a finales de septiembre” y la realización del curso selectivo del Cuerpo de Gestión antes de fin de año.
“Queremos que en enero de 2026 se hayan incorporado al mercado laboral y se pueda disponer de este personal”,
concluyen.
Finalmente, el sindicato recuerda las consecuencias económicas para los opositores aprobados, muchos de los cuales finalizaron contratos, cesaron en puestos temporales o rechazaron ofertas laborales ante las expectativas no cumplidas de toma de posesión en la AGE conforme al calendario habitual de anteriores convocatorias.