mié. Ago 13th, 2025

LIMA, PERÚ – El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ha anunciado la creación de un grupo de trabajo sectorial dedicado a la evaluación técnica de la vinculación del país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esta decisión, formalizada mediante una resolución de la Secretaría General, busca analizar la participación del Perú en este importante sistema internacional.

El grupo, denominado “Grupo de Trabajo Sectorial para la Evaluación Técnica de la Vinculación del Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (GTS-VPSIDH), tiene como objetivo principal elaborar una propuesta normativa para la creación de una comisión multisectorial de alto nivel. Esta comisión se encargará de evaluar la participación del Perú en el SIDH y ofrecer soporte técnico-jurídico al Ministerio de Relaciones Exteriores durante el proceso.

Composición y Funciones del Grupo de Trabajo

El GTS-VPSIDH estará presidido por el director general de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería, acompañado por otros seis altos funcionarios de Torre Tagle. Además, contará con la participación de Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro, embajador en el Servicio Diplomático de la República, quien actuará como representante “a título personal”.

El grupo tiene la facultad de invitar a representantes de otros sectores del Estado peruano y a actores relevantes para participar en sus reuniones, siempre que se considere necesaria su presencia para el mejor desempeño de sus funciones.

Confidencialidad y Alcance de la Evaluación

Uno de los aspectos más destacados de la resolución es que toda la información generada por el grupo de trabajo será considerada “confidencial”. Esto implica que no estará disponible a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El grupo no solo se encargará de formular la propuesta normativa, sino que también brindará asesoramiento técnico permanente al ministro de Relaciones Exteriores. Este asesoramiento incluirá el análisis del marco normativo aplicable, la sistematización de antecedentes nacionales e internacionales, y la elaboración de recomendaciones para una toma de decisiones informada.

Perspectivas y Declaraciones Oficiales

El canciller Elmer Schialer anunció el pasado 2 de agosto la creación del grupo de trabajo, indicando que el proceso de evaluación será realizado “lo más rápido posible”. Schialer enfatizó la importancia de consultar a diversos sectores de la sociedad, incluyendo la academia y organizaciones civiles, para asegurar un proceso inclusivo y exhaustivo.

“Vamos a consultar a toda la población, es decir, a la academia, a las organizaciones civiles, a los colegios profesionales. Es decir, una vez terminados estos actos preparatorios, se va a instalar formalmente esta comisión y va a empezar sus trabajos”, sostuvo Schialer.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, señaló que la evaluación determinará si es conveniente o no el retiro del Perú del SIDH. Sin embargo, aclaró que esta decisión se tomará durante el actual gobierno, una vez que se completen las evaluaciones técnicas necesarias.

“En ese momento, no podemos hablar de un retiro porque todavía este proceso está en plena evaluación. Hay equipos técnicos del Minjus y de Relaciones Exteriores que están evaluando la pertinencia o no pertinencia. Cuando tengamos el resultado de la evaluación que realice este equipo mixto, entonces ahí se dirá si es conveniente o no es conveniente”, aseveró Alcántara.

Implicaciones y Próximos Pasos

El establecimiento del GTS-VPSIDH marca un paso significativo en la política exterior del Perú, reflejando un enfoque meticuloso hacia su participación en el SIDH. La confidencialidad del proceso sugiere la sensibilidad del tema y la importancia de las decisiones que se tomarán.

El grupo de trabajo se instalará en un plazo no mayor de diez días hábiles desde la emisión de la resolución, lo que indica un compromiso con la celeridad en el proceso de evaluación. A medida que el grupo avance, se espera que las recomendaciones resultantes influyan en la política de derechos humanos del país y su relación con el sistema interamericano.

El desarrollo de esta evaluación será seguido de cerca por diversos sectores, tanto nacionales como internacionales, que están interesados en el compromiso del Perú con los derechos humanos y los tratados internacionales.