Nueva Ley General de Aguas: Impacto y Desafíos en México

CIUDAD DE MÉXICO – Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado jueves, este viernes 12 de diciembre ha entrado en vigor la Ley General de Aguas en México. Esta normativa también introduce reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, marcando un hito en la gestión de los recursos hídricos del país.

La nueva ley es reglamentaria del artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución, enfocándose en el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Según el texto legal, se establecen las bases para el acceso equitativo y sustentable a los recursos hídricos, subrayando su interdependencia con otros derechos humanos. Además, distribuye competencias entre la Federación, entidades federativas y municipios.

Objetivos y Alcance de la Ley

El principal objetivo de la Ley General de Aguas es definir el contenido del derecho humano al agua y establecer las disposiciones que garantizan su acceso equitativo y uso sustentable. Se busca promover, respetar, proteger y garantizar este derecho, alineándose con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en los que México es parte.

La ley también establece las instancias, instrumentos y procedimientos necesarios para la participación de las diferentes entidades gubernamentales en la tutela del derecho al agua. Asimismo, define mecanismos para la participación ciudadana en el acceso equitativo y uso sustentable del agua, asegurando servicios públicos de agua y saneamiento eficientes.

Perspectivas y Desafíos

Un aspecto destacado de la ley es su enfoque en políticas públicas que incorporen perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracionalidad, ecosistémica y etaria. Estas políticas buscan fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del agua, promoviendo una cultura del agua más inclusiva y consciente.

Expertos en gestión hídrica han señalado que, aunque la ley representa un avance significativo, su implementación efectiva será crucial para lograr los objetivos planteados.

“El verdadero desafío radica en la capacidad de las autoridades para coordinarse y aplicar las nuevas disposiciones de manera uniforme en todo el país”,

afirma María López, especialista en políticas de agua de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Impacto y Futuro

La entrada en vigor de esta ley podría tener un impacto profundo en las comunidades más vulnerables, que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a agua potable. Sin embargo, se requerirá un esfuerzo concertado para garantizar que los beneficios de la ley se materialicen en mejoras tangibles para todos los ciudadanos.

En el futuro, se espera que la ley impulse una serie de reformas adicionales que fortalezcan la infraestructura hídrica del país y promuevan la innovación en tecnologías de tratamiento y distribución de agua.

“Esta ley es solo el comienzo de un proceso más amplio de transformación en la gestión del agua en México”,

comenta Jorge Ramírez, director de una ONG dedicada a la sostenibilidad ambiental.

Con la mirada puesta en el futuro, el gobierno mexicano deberá asegurar que las políticas implementadas bajo esta nueva ley sean sostenibles y adaptables a los cambios climáticos y demográficos que el país enfrentará en las próximas décadas.