LA LIBERTAD, PERÚ – En un esfuerzo por esclarecer las dudas que rodean las licitaciones de dos obras de infraestructura de gran envergadura, el Consejo Regional de La Libertad ha convocado a una sesión ordinaria para el próximo martes 5 de agosto. A esta reunión asistirán cuatro altos funcionarios del Gobierno Regional: Martín Namay Valderrama, gerente general; Luis Rogger Ruiz Díaz, gerente regional adjunto; Jorge Luis Bringas Maldonado, gerente de Infraestructura; y Dioselinda Elena Polo de Tirado, gerente de Contrataciones.
La convocatoria tiene como objetivo que los funcionarios expliquen los procedimientos seguidos en las licitaciones de dos proyectos clave: el “Mejoramiento y ampliación del Corredor Vial Norte”, con un presupuesto de S/ 121 millones, y el “Mejoramiento y ampliación de los servicios del Hospital de Virú”, con un costo de S/ 194 millones. Ambos procesos han sido objeto de críticas públicas debido a presuntas irregularidades antes de la firma de los contratos.
Transparencia y rendición de cuentas
La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, subrayó que la sesión busca no solo una explicación ante los consejeros, sino también una rendición de cuentas abierta hacia la ciudadanía. “No se trata solo de los más de 300 millones de soles que están en la mira, sino de entender con claridad cómo se han estructurado estos procedimientos, qué criterios se han seguido, y cuál ha sido el rol de cada gerencia involucrada”, afirmó Carranza Blas.
La presidenta también recordó que la documentación de estos procesos no llega automáticamente al Consejo, sino que debe ser solicitada formalmente por cada despacho. Hasta el momento, varios consejeros y las comisiones de Infraestructura y de Presupuesto han hecho los pedidos correspondientes, motivados por las múltiples denuncias difundidas por la prensa.
Intervención de la Fiscalía y otras acciones
En paralelo, la Fiscalía ha intervenido en el Gobierno Regional de La Libertad, lo que añade una capa de complejidad al proceso. Esta intervención busca determinar si las irregularidades denunciadas tienen fundamento y si existe responsabilidad penal por parte de los involucrados.
Además, se ha solicitado la presencia de Miguel Urbina, gerente de Imagen Institucional del Gobierno Regional, para aclarar la visita de un funcionario a las instalaciones del Consejo sin la debida solicitud ni comunicación formal al despacho de Presidencia. “Cuando alguien hace uso del salón del Consejo debe pedir permiso. Hasta ahora no ha llegado ningún documento a mi oficina ni se ha informado oficialmente sobre esa reunión”, explicó Carranza Blas.
Implicaciones futuras y expectativas
La situación en La Libertad refleja un problema más amplio que afecta a diversas regiones del país: la necesidad de transparencia en la gestión de fondos públicos y la ejecución de proyectos de infraestructura. Expertos en administración pública han señalado que este tipo de situaciones pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones si no se manejan con la debida transparencia y responsabilidad.
El resultado de esta sesión podría tener implicaciones significativas para el futuro de la administración regional. Dependiendo de las explicaciones y la documentación presentada, el Consejo Regional podría tomar medidas adicionales, que van desde la solicitud de auditorías externas hasta la reestructuración de los procedimientos de licitación.
Con la atención pública centrada en los procedimientos de licitación y la gestión de fondos, el desenlace de esta convocatoria será crucial para restaurar la confianza en las autoridades regionales y asegurar que los proyectos de infraestructura se lleven a cabo de manera eficiente y transparente.