Jueza cancela audiencia de María Amparo Casar; FGR debe continuar en Reclusorio Norte

CIUDAD DE MÉXICO – En un giro inesperado en el caso de María Amparo Casar, la jueza de control Diana Selene Medina Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, canceló la audiencia inicial programada para este martes. La audiencia tenía como objetivo que la Fiscalía General de la República (FGR) imputara a Casar Pérez el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con una presunta pensión irregular en Petróleos Mexicanos (Pemex).

La decisión de la jueza Medina Hernández se fundamenta en la solicitud de que la FGR continúe la acción penal ante un juez de Distrito en el Reclusorio Norte, quien ya está familiarizado con los hechos del caso. La FGR había informado a la jueza en la primera semana de diciembre que un juez de Distrito en el Reclusorio Norte estaba al tanto de la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000221/2024, la cual también involucra a dos personas más de Pemex y donde se autorizaron las técnicas de investigación 224/2024 y 315/2024.

Contexto del Caso

El caso de María Amparo Casar ha captado la atención pública debido a las acusaciones de irregularidades en la gestión de pensiones dentro de Pemex, una de las empresas más importantes de México. Casar Pérez, una figura conocida en el ámbito político y académico, enfrenta cargos que podrían tener implicaciones significativas en su carrera y reputación.

La jueza Medina Hernández ordenó a la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, Liliana Cárdenas Tapia, cancelar la audiencia del 16 de diciembre y archivar el caso, pero dejó abierta la posibilidad para que la FGR continúe el proceso ante la autoridad competente.

Reacciones y Consecuencias

La decisión de cancelar la audiencia ha generado diversas reacciones. Algunos expertos en derecho consideran que la medida busca asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada y conforme a los procedimientos legales establecidos. Sin embargo, también ha habido críticas sobre la gestión del caso por parte de la administración del Centro de Justicia.

“La conducta de la administradora fue calificada de ‘contumaz’ por la jueza, quien advirtió sobre posibles consecuencias si se repiten estas omisiones injustificadas”, señaló un experto legal.

La jueza Medina Hernández enfatizó la importancia de respetar las determinaciones jurisdiccionales y los plazos procesales, y advirtió que en caso de reincidencia, se informará al Órgano de Administración Judicial para tomar las medidas necesarias.

Implicaciones Futuras

El desarrollo de este caso podría tener implicaciones más amplias en el manejo de casos judiciales en México, especialmente en lo que respecta a la coordinación entre diferentes jurisdicciones. La decisión de trasladar el caso al Reclusorio Norte podría acelerar el proceso, pero también plantea preguntas sobre la eficiencia y la comunicación dentro del sistema judicial.

A medida que el caso avance, será crucial observar cómo la FGR maneja las acusaciones y si se presentan nuevas pruebas. La atención pública y mediática sobre el caso también podría influir en su desarrollo, dado el perfil de los involucrados y la relevancia de Pemex en la economía nacional.

En conclusión, el caso de María Amparo Casar sigue siendo un tema de interés nacional, y su resolución podría establecer precedentes importantes para futuros casos de corrupción y gestión pública en México.