El TC evalúa suspender inhabilitación de Junqueras

MADRID, ESPAÑA – La Abogacía del Estado ha respaldado ante el Tribunal Constitucional (TC) la solicitud de Oriol Junqueras para suspender cautelarmente su inhabilitación política, que le impide ser candidato hasta 2031. Esta medida se produce tras la negativa del Tribunal Supremo (TS) a amnistiar el delito de malversación por el que fue condenado debido a su implicación en el «procés» independentista catalán.

Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, los Servicios Jurídicos del Estado apoyan la suspensión cautelar mientras el TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido, tramita el recurso de amparo de Junqueras. Este recurso argumenta que la Sala Penal del Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales al no aplicar la Ley de Amnistía. Por otro lado, la Fiscalía se ha opuesto a esta suspensión cautelar.

Contexto y antecedentes del caso

El político independentista, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sostiene que mantener la inhabilitación podría causarle un perjuicio irreparable si finalmente el TC le concede el amparo. Su abogado, Andreu Van den Eynde, destaca que tanto Junqueras como el exconseller Raül Romeva se ven impedidos de ejercer su carrera política y profesional.

La Abogacía del Estado argumenta que suspender la inhabilitación no supone una «perturbación grave» del interés general. Además, señala que a Junqueras le restan menos de seis años para cumplir la pena, haciendo referencia a la doctrina del TC sobre la suspensión cautelar de penas de prisión inferiores a cinco años.

Implicaciones legales y políticas

La Ley de Amnistía, aprobada en junio y avalada por un TC dividido, busca amnistiar las conductas por las que fueron condenados los líderes independentistas, incluyendo la malversación. Sin embargo, el Supremo considera que los condenados obtuvieron un enriquecimiento patrimonial al destinar fondos públicos al desafío soberanista en Cataluña, lo cual la ley excluye de su aplicación.

En el pasado, tras la derogación del delito de sedición, la Abogacía del Estado solicitó al Supremo reducir la condena de Junqueras de trece a siete años. Sin embargo, en febrero de 2023, la Sala Penal mantuvo la condena de trece años por desobediencia y malversación agravada.

Opiniones y perspectivas futuras

Junqueras acusa al Supremo de intentar «sustituir al legislador» para impedir la aplicación de la Ley de Amnistía. Argumenta que mantener la inhabilitación es un intento de evitar su participación política mediante una «interpretación irrazonable de la ley».

Hasta ahora, los Servicios Jurídicos del Estado no han tomado una posición sobre otra solicitud de suspensión cautelar, la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien busca que el TC anule la orden de prisión vigente contra él.

El desenlace de este caso podría tener profundas implicaciones para el futuro político de Cataluña y para la relación entre el gobierno central y las fuerzas independentistas. La decisión del TC será observada de cerca, ya que podría establecer precedentes significativos en la aplicación de la Ley de Amnistía y en la política española en general.