VALLADOLID, ESPAÑA – El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado su intención de denunciar a la Junta de Castilla y León por un presunto delito contra la salud de los trabajadores del Operativo de Incendios Forestales. Esta acción se produce tras reiteradas acusaciones de incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de la administración regional.
José Ramón Jiménez, responsable del área de Medio Ambiente de CCOO, declaró desde las Cortes autonómicas que, “seguramente nos iremos a Fiscalía, como mínimo, si no planteamos otras opciones jurídicas peores como sería alguna querella criminal”. Jiménez estuvo acompañado por Ana Fernández, secretaria general de CCOO Castilla y León, quien también exigió el cese del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz.
Contexto y antecedentes
El conflicto entre CCOO y la Junta no es nuevo. El sindicato ya había denunciado previamente la gestión de los incendios de 2022, señalando “el agotamiento y las carencias gravísimas” del dispositivo antiincendios. Según Jiménez, la Junta está incumpliendo sus obligaciones legales, lo que ha llevado a situaciones de riesgo para los trabajadores encargados de combatir los incendios forestales.
Por su parte, Ana Fernández ha destacado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido errores en el operativo contra incendios. Sin embargo, Fernández insiste en la necesidad de ceses inmediatos y de establecer un operativo antiincendios que funcione durante todo el año, con “buenas condiciones laborales e infraestructuras”.
Opiniones y reacciones
La denuncia de CCOO ha provocado una serie de reacciones en el ámbito político y social. Expertos en derecho laboral y medio ambiente han señalado la gravedad de las acusaciones. La normativa de prevención de riesgos laborales es clara en cuanto a la obligación de las administraciones de garantizar la seguridad de sus trabajadores, especialmente en sectores de alto riesgo como el de la lucha contra incendios.
“Para nosotros hay una responsabilidad política clara y, por lo tanto, exigimos la dimisión o el cese del consejero de Medio Ambiente y del director general, que son los responsables directos de la política forestal que desde hace muchos años en esta Comunidad Autónoma”, afirmó Ana Fernández.
Implicaciones y futuros pasos
La denuncia de CCOO podría tener importantes repercusiones para la Junta de Castilla y León. De prosperar, la investigación por parte de la Fiscalía podría llevar a sanciones significativas y a una revisión completa de las políticas de prevención de incendios en la región. Además, este caso podría sentar un precedente en cuanto a la responsabilidad de las administraciones públicas en la protección de sus trabajadores.
Mientras tanto, CCOO continúa presionando para que se tomen medidas inmediatas. El sindicato no solo busca la rendición de cuentas por parte de los responsables políticos, sino también una mejora sustancial en las condiciones de trabajo de los operativos antiincendios. La demanda de un operativo “cien por cien público y operativo todos los meses del año” refleja una preocupación más amplia por la sostenibilidad y eficacia de las políticas forestales en Castilla y León.
Con el inicio de una nueva temporada de incendios, la atención se centra ahora en las acciones que tomará la Junta para abordar estas críticas y garantizar la seguridad de sus trabajadores. La comunidad autónoma se enfrenta a un desafío significativo para restaurar la confianza y mejorar su capacidad de respuesta ante futuros incendios.