TRUJILLO, PERÚ – Las gestiones del expresidente del directorio de Sedalib, Percy Rosario Martell, junto con las del exgerente general Víctor Gutiérrez, están bajo escrutinio por parte de la Contraloría General de la República. La investigación se centra en la adjudicación de 13 órdenes de servicio, que suman más de 500 mil soles, a la empresa Realty CGP.
Realty CGP, cuyo objeto social principal es el alquiler de vehículos, inició sus actividades el 14 de noviembre de 2024. Sin embargo, entre febrero y julio de 2025, logró obtener contratos con Sedalib por un total de S/ 525 mil 802, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia de estos procesos.
Contratos bajo la lupa
La primera orden de servicio se emitió el 19 de febrero de 2025 por S/ 35 mil 450 para el alquiler de vehículos. A partir de entonces, los contratos se adjudicaron con mayor frecuencia. En abril, Realty CGP recibió dos contratos por S/ 72 mil 394 para el mantenimiento de baños, auditorios y la infraestructura de reservorios gemelos.
El mes de mayo fue particularmente fructífero para la empresa, con cuatro contratos que sumaron S/ 136 mil 933. Estos incluyeron trabajos en reservorios, la planta de tratamiento de aguas residuales de Covicorti y la planta El Cortijo, además de la instalación de una división de cristal.
En junio, Realty CGP obtuvo cuatro nuevas órdenes por S/ 169 mil 84, destinadas al alquiler de vehículos, forestación de terrenos y mantenimiento de reservorios en El Tablazo y Huanchaco. La racha continuó en julio con dos órdenes de servicio por S/ 85 mil 471 para el pintado y mantenimiento de reservorios en La Esperanza, Manuel Arévalo y la estación de bombeo de Buenos Aires Sur.
Posibles conexiones
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), la gerenta de Realty CGP es Rita Osorio Pretel. La Contraloría está investigando una posible conexión entre Osorio y otra persona que habría ganado varios procesos en Sedalib en meses recientes.
La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y expertos en gestión pública. Un analista local comentó que
“la transparencia en la adjudicación de contratos es fundamental para mantener la confianza en las instituciones públicas. Cualquier irregularidad debe ser investigada a fondo para asegurar que no haya favoritismos ni corrupción.”
Implicaciones y análisis futuro
La investigación de la Contraloría podría tener importantes repercusiones para Sedalib y sus exdirectivos. Si se encuentran irregularidades, podrían enfrentarse a sanciones administrativas o incluso penales. Además, este caso podría desencadenar reformas en los procedimientos de contratación de la empresa para asegurar mayor transparencia y equidad.
En el contexto más amplio, este tipo de investigaciones subraya la necesidad de sistemas de control más robustos en las empresas públicas del país. La confianza del público en estas instituciones depende en gran medida de su capacidad para operar de manera justa y transparente.
En los próximos meses, se espera que la Contraloría emita un informe detallado sobre sus hallazgos, lo que podría influir en las decisiones futuras de gestión en Sedalib y otras entidades similares.