LIMA, PERÚ – El jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, Juan José Santiváñez, negó este lunes las afirmaciones de un reportaje de Cuarto Poder que indicaba que su oficina incurre en un gasto anual de S/900,000 solo en el pago de planillas.
Santiváñez, quien también es exministro del Interior, aclaró que su despacho está compuesto únicamente por tres profesionales: una asistente, una secretaria y una asesora, todos contratados bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). “Es absolutamente falso. Esta oficina cuenta con apenas tres profesionales… por lo que los costos referidos a sus sueldos ni siquiera son cargados a la oficina”, señaló.
Cuestionamientos a la gestión de Santiváñez
El reportaje de Cuarto Poder ha puesto nuevamente en el ojo público a Santiváñez, al señalar que el presupuesto público para salarios en su oficina alcanzaría cerca de 900 mil soles anuales. Según el informe, la estructura de personal incluye una secretaria, especialistas, analistas y un asistente, con salarios que varían desde los 3 mil hasta los 11 mil 970 soles mensuales.
Además, se menciona que un asesor FAG, fuera de planilla, recibe un sueldo superior a los 15 mil soles. En particular, Linnet Echegaray, quien pasó del Ministerio del Interior a este despacho, habría recibido más de 21 mil soles entre mayo y junio.
Visitas de funcionarios y beneficios cuestionados
El reportaje también destaca la entrada de ministros y otros funcionarios del Estado a la oficina de Santiváñez, lo que ha generado suspicacias sobre su verdadero rol. Se ha observado que algunos alcaldes que visitaron estas instalaciones fueron posteriormente “beneficiados” en el Proyecto de Ley 11923 sobre el crédito suplementario.
Por ejemplo, el municipio de Santa Lucía en Puno, cuyo alcalde Ali Cabana visitó la oficina, recibirá más de 3.2 millones de soles. De manera similar, el alcalde de Ancón, Samuel Daza Taype, visitó la oficina el 27 de mayo y poco después recibió proyectos por casi 2 millones de soles. El alcalde de Rímac, Néstor De la Rosa, también visitó la oficina en julio y luego su municipio obtuvo financiamiento por 942 mil 219 soles.
Iván García, analista político, expresó que “la oficina de Santiváñez está adquiriendo igual o más peso político que le correspondería a la Presidencia del Consejo de Ministros”.
Reacción de la Presidencia
En respuesta a estas acusaciones, la Presidencia de la República emitió un comunicado afirmando que la oficina de Santiváñez solo cuenta con dos personas asignadas, una de las cuales está contratada mediante FAG. El comunicado subraya que “la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, promueve la articulación y el fortalecimiento de la ejecución en los gobiernos locales y regionales, manteniendo un diálogo permanente con autoridades de todo el país, conforme a la política de concertación del Ejecutivo”.
Implicaciones y futuro
Este caso plantea importantes preguntas sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales es crítica. La controversia podría impulsar una revisión más amplia de los presupuestos asignados a oficinas similares y su impacto en la política local y nacional.
Con las elecciones municipales y regionales en el horizonte, el desenlace de esta situación podría influir en la percepción pública y en las decisiones de los votantes. Mientras tanto, las autoridades deberán responder a las inquietudes planteadas por los medios y la ciudadanía sobre la gestión de recursos y la posible politización de las oficinas gubernamentales.