Juez niega prisión a cómplices de Raúl Rocha Cantú en Querétaro

QUERÉTARO, MÉXICO – Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro ha rechazado la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para emitir órdenes de aprehensión contra cuatro de los 13 individuos implicados en una red criminal. Esta organización está acusada de delincuencia organizada, robo de combustible y tráfico de armas, y cuenta entre sus miembros al copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, quien busca convertirse en testigo protegido.

La decisión del juez se basa en la insuficiencia de pruebas presentadas en la carpeta de investigación. Sin embargo, la FGR tiene la opción de impugnar esta resolución, lo que requeriría que un Tribunal Colegiado de Apelación resuelva el recurso. Entre los cuatro individuos mencionados se encuentran Paul Manrique Miranda, alias “El Comandante”; Jeny Guzmán Cintora, esposa de Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”; Diego Adrián Mendoza Pérez, exasistente de una funcionaria detenida; y Jorge Alberto Gallegos Díaz.

Contexto y antecedentes del caso

La investigación, que forma parte de la causa penal 495/2025, revela que Paul Manrique Miranda ha estado vinculado al grupo desde diciembre de 2024. Ocupó el cargo de comandante en la FGR antes de ser destituido por extorsión a huachicoleros. Su papel consistía en proporcionar información sobre investigaciones abiertas contra “Yaicob”, recibiendo pagos mensuales a cambio.

Diego Adrián Mendoza Pérez, señalado como servidor público adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), acompañaba a Mari Carmen Ramírez Rodríguez a reuniones con “Yaicob”. Según informes policiales, Mendoza Pérez actuaba como “halcón” durante estos encuentros, vigilando para facilitar los intercambios de información y dinero.

Implicaciones financieras y operativas

Jeny Guzmán Cintora es acusada de ser operadora financiera de la organización bajo la dirección de su esposo “Yaicob”. Se le atribuye el manejo de cuentas bancarias para ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos a través de la venta de licencias de armas y petrolíferos. Documentos encontrados durante un cateo sugieren su participación en la empresa RG MEGA ADDIT, utilizada presuntamente para lavar dinero.

Por su parte, Jorge Alberto Gallegos Díaz es señalado por inyectar capital en la importación de combustible desde Guatemala y Estados Unidos. Sin embargo, la falta de pruebas objetivas ha impedido corroborar su participación directa en las actividades delictivas de la organización.

Reacciones y análisis de expertos

Expertos en derecho penal han expresado que la decisión del juez refleja la necesidad de pruebas contundentes para avanzar en procesos judiciales de esta magnitud. “Sin evidencia sólida, las acusaciones pueden desmoronarse fácilmente en los tribunales”, comentó un analista legal.

Además, la situación subraya la complejidad de desmantelar redes criminales bien organizadas que operan con sofisticados esquemas financieros y logísticos. La capacidad de estas organizaciones para infiltrar instituciones gubernamentales y manipular procesos judiciales es un desafío constante para las autoridades.

Próximos pasos y posibles consecuencias

La FGR deberá decidir si impugna la decisión del juez, lo que podría prolongar el proceso judicial. Mientras tanto, la atención pública se centra en las acciones futuras de Raúl Rocha Cantú, quien busca convertirse en testigo protegido, lo que podría proporcionar información crucial para desarticular la red criminal.

El caso continúa generando interés debido a las implicaciones políticas y económicas que conlleva, especialmente considerando la participación de figuras públicas y empresariales de alto perfil. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra el crimen organizado en México.