MADRID, ESPAÑA – Un reciente estudio dirigido por Carlos Balado, profesor y director de Eurocofin, ha revelado que el sector promotor español necesitará un crédito anual de 25.000 millones de euros durante la próxima década. Sin embargo, el informe advierte que este objetivo parece improbable dado que el crédito al sector se encuentra en su punto más bajo desde principios de los años 1990, representando solo un 6% del PIB. Esto se debe a las elevadas garantías exigidas por las entidades bancarias.
El estudio proyecta que para 2032, España contará con una población de 52 millones de habitantes, lo que implicaría la necesidad de poner en el mercado entre 1,6 y 3,2 millones de viviendas en los próximos cinco años. Sin embargo, varios obstáculos podrían dificultar el cumplimiento de estas metas, incluyendo la falta de seguridad jurídica y la excesiva burocracia que prolonga el desarrollo de proyectos hasta 20 años.
Desafíos administrativos y burocráticos
El informe destaca que los plazos para la concesión de licencias pueden extenderse hasta dos años, y los promotores deben navegar por tres niveles administrativos: municipal, autonómico y estatal. Balado sugiere que la clave para resolver estos problemas es avanzar hacia una simplificación administrativa mediante un procedimiento común que integre a todas las administraciones implicadas. “De esta manera, cada nivel administrativo emitiría la información pertinente, evitando la paralización del proceso”, explicó Balado.
Otro desafío significativo es la gestión y escasez del suelo urbanizable. El estudio estima que hay 255 millones de metros cuadrados de suelo edificable disponibles para construir al menos 1,8 millones de viviendas en los próximos 30 años. Sin embargo, el precio del suelo ha aumentado un 7,9% en el segundo trimestre del año, consolidándose como uno de los niveles más altos de la última década.
Impacto fiscal en el precio de la vivienda
El estudio también señala que los impuestos en España pueden encarecer el precio final de una vivienda hasta un 45%. “Esta carga impositiva es compleja y relevante para todos los agentes involucrados, desde constructores hasta compradores, convirtiendo en insuficientes los últimos anuncios de los partidos”, indica el informe. La elevada fiscalidad, junto con la excesiva regulación y la escasa asignación de recursos por parte del sector público, está agravando la situación del mercado inmobiliario.
“El Estado alcanzará a recaudar 52.000 millones de euros con los impuestos aplicados a este sector durante este año, lo cual representa aproximadamente un 3,5% del PIB”, señala el estudio. Sin embargo, el gasto público en políticas de vivienda es solo el 0,5% del PIB.
Comparaciones internacionales y perspectivas futuras
España aplica el tercer tipo máximo más elevado del impuesto sobre transacciones en Europa, con un 11%, solo por detrás de Bélgica (12,5%) y el Reino Unido (12%). Además, el país se encuentra entre los que tienen una mayor tributación sobre las plusvalías, comparable a Suecia y superada por países como Dinamarca (42%), Noruega (37,8%) y los Países Bajos (36%). “Esto desincentiva la compraventa y reduce la oferta disponible, generando ineficiencias que pueden traducirse en precios más elevados para los compradores”, concluye el informe.
En conclusión, el sector promotor en España enfrenta múltiples desafíos que van desde la financiación hasta la burocracia y la carga fiscal. Para avanzar, será crucial implementar reformas que simplifiquen los procesos administrativos y reduzcan las cargas fiscales, permitiendo así un desarrollo más eficiente del mercado inmobiliario en los próximos años.