MADRID, ESPAÑA – Un reciente estudio liderado por el profesor Carlos Balado, director de Eurocofin, advierte que el sector promotor en España necesitará un crédito anual de 25.000 millones de euros durante la próxima década. Sin embargo, esta proyección parece improbable dado que el crédito al sector se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde principios de los años 1990, representando solo un 6% del PIB. Este descenso se atribuye a las elevadas garantías exigidas por los bancos.
El informe también proyecta que para el año 2032, España contará con una población de 52 millones de habitantes, lo que implicaría la necesidad de poner en el mercado entre 1,6 y 3,2 millones de viviendas en los próximos cinco años. No obstante, la falta de seguridad jurídica y la excesiva burocracia podrían retrasar estos proyectos hasta 20 años, a pesar de que su desarrollo ya se extiende entre 10 y 15 años.
Desafíos regulatorios y administrativos
El estudio destaca que los plazos para la concesión de licencias pueden prolongarse hasta dos años, requiriendo que los promotores naveguen por tres niveles administrativos: municipal, autonómico y estatal. Balado sugiere que la clave para resolver estas complicaciones es avanzar hacia una simplificación administrativa que integre a todas las administraciones implicadas.
“La clave para solucionar dicho meollo es avanzar hacia la simplificación administrativa diseñando un procedimiento común que integre a todas las administraciones implicadas”, explicó Balado.
Además, la gestión y escasez del suelo urbanizable representan otro obstáculo significativo. El estudio estima que existen 255 millones de metros cuadrados de suelo edificable, suficientes para construir al menos 1,8 millones de viviendas en los próximos 30 años. Sin embargo, el precio del suelo ha aumentado un 7,9% de media en el segundo trimestre del año, alcanzando uno de los niveles más altos de la última década.
Impacto fiscal en el mercado inmobiliario
El informe también subraya que los impuestos pueden encarecer hasta un 45% el precio final de una vivienda en España. Esta carga impositiva afecta a todos los agentes involucrados, desde constructores hasta compradores, y se considera insuficiente y dispersa, según el informe.
“El motivo es que la vivienda constituye un medio relevante de financiación para la administración pública”, indica el estudio.
El Estado recauda aproximadamente 52.000 millones de euros anualmente a través de impuestos relacionados con el sector inmobiliario, lo que representa un 3,5% del PIB. Esta cifra contrasta con el gasto público en políticas de vivienda, que apenas alcanza el 0,5% del PIB. España aplica el tercer tipo máximo más elevado del impuesto sobre transacciones en Europa, con un 11%, solo superado por Bélgica y el Reino Unido.
Perspectivas futuras y recomendaciones
El estudio concluye que la elevada fiscalidad, junto con la excesiva regulación, está agravando la situación actual del mercado inmobiliario. España se encuentra entre los países con mayor tributación sobre las plusvalías, comparable a Suecia y superada por Dinamarca, Noruega y los Países Bajos.
“Ello desincentiva la compraventa y reduce la oferta disponible, generando ineficiencias que pueden traducirse en precios más elevados para los compradores”, sentencia el informe.
En vista de estos desafíos, los expertos recomiendan una revisión integral de las políticas fiscales y regulatorias para fomentar un entorno más favorable para el desarrollo del sector inmobiliario en España. La simplificación de procesos administrativos y una revisión de la carga impositiva podrían ser pasos cruciales para revitalizar el mercado y satisfacer la demanda de vivienda proyectada para la próxima década.