MADRID, ESPAÑA – La reciente decisión de la Sala de Apelaciones de respaldar la instrucción del juez Ángel Hurtado en el caso contra el fiscal general García Ortiz ha generado una ola de reacciones entre jueces y fiscales en España. El apoyo no fue inesperado, ya que la sala ha respaldado consistentemente las diligencias del magistrado desde que el Alto Tribunal asumió la competencia para investigar al fiscal general en octubre pasado.
El avance hacia el procesamiento de García Ortiz, que ahora permite al juez Hurtado dictar el auto de apertura del juicio oral, no sorprendió a muchos. Sin embargo, la insistencia de García Ortiz en permanecer en su cargo ha sido calificada como una “anomalía” por diversos actores judiciales. Sergio Oliva, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, junto con dos de las tres asociaciones de fiscales, han expresado su preocupación por esta situación.
Una situación sin precedentes
La fase de investigación se ha cerrado definitivamente, y aunque se mantiene la presunción de inocencia, la permanencia de García Ortiz en su cargo es vista como una “anomalía absoluta”. Oliva destaca la paradoja de que García Ortiz sea el superior jerárquico del fiscal que participará en el proceso, lo que complica aún más la situación.
“Es absolutamente imprescindible que el fiscal general realice una profunda reflexión y pondere cuidadosamente el impacto institucional que puede suponer seguir en el cargo”, afirmó Oliva.
La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han solicitado repetidamente la dimisión de García Ortiz para salvaguardar la integridad de la institución. Cristina Dexeus, presidenta de la AF, advirtió que la imagen del Ministerio Fiscal podría quedar “seriamente dañada” si el juicio se celebra sin la renuncia del fiscal general.
Implicaciones y comparaciones internacionales
Salvador Viada, fiscal del Supremo ya jubilado, subraya que el proceso penal en España es muy garantista. A pesar de esto, García Ortiz se enfrenta a un juicio tras superar todos los filtros del Tribunal Supremo. Viada cuestiona si en Europa habría muchos fiscales generales capaces de soportar una situación similar.
“Estamos hablando del garante del cumplimiento de la legalidad, es decir, del fiscal general del Estado. Y siendo así, este hombre decide que sigue y el Gobierno se lo tolera”, reflexionó Viada.
Para Viada, esto refleja una debilidad en los principios de defensa del Estado de derecho, una situación que hubiera sido impensable hace 30 años.
La conexión política y el futuro del juicio
Fuentes del Ministerio Público sugieren que existe una protección mutua entre García Ortiz y el Ejecutivo, lo que fortalece su posición. Se menciona una conexión con Moncloa que el juez Hurtado no ha podido verificar completamente, pero que sigue siendo un punto de controversia.
El juicio aún está a meses de celebrarse. El juez Ángel Hurtado debe acordar la apertura del juicio en un nuevo auto, respondiendo a las peticiones de suspensión del fiscal general mientras se lleva a cabo el proceso. Aunque la suspensión de un fiscal provincial sería automática, la del fiscal general no está regulada de la misma forma.
Una vez acordado el auto de apertura, la defensa tendrá diez días para presentar su escrito de descargo, un trámite que se extenderá hasta septiembre debido al receso de agosto. La Sala de enjuiciamiento fijará el juicio, que no se espera antes de fin de año.