sáb. Ago 16th, 2025

TRUJILLO, PERÚ – La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación sobre contratos por más de 315 millones de soles adjudicados a la empresa LC y EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C., representada por Lucero Nicole Coca Condori, una joven de 23 años. Los contratos fueron otorgados por el Gobierno Regional de La Libertad, generando preocupación y escrutinio público.

El jefe del Órgano de Control Institucional (e), Ángel Jesús Deza Lavado, comunicó al gobernador César Acuña Peralta el inicio de un servicio de recopilación de información sobre las obras adjudicadas a esta compañía. Las obras bajo investigación incluyen el “Mejoramiento y ampliación de Corredor Vial Norte – Oeste” y el “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital Provincial de Virú”, valoradas en 121.5 millones y 194.1 millones de soles respectivamente.

Antecedentes y Observaciones

La Contraloría ya había señalado irregularidades en el proyecto de la carretera Trujillo – Huanchaco. En el Informe de Hito de Control N° 132-2024-OCI/5342-SCC, se observó que el comité de selección omitió información crucial sobre el fideicomiso de adelanto y la junta de resolución de disputas, lo que podría haber limitado la participación de postores y afectado la competencia efectiva.

Además, en un informe posterior, se alertó sobre la ejecución de obras sin la presencia de especialistas en suelos y geotecnia, ni en pavimentos, lo cual podría comprometer la calidad y vida útil de la obra.

Equipo de Investigación

El equipo designado para la recopilación de documentación está liderado por Ángel Deza Lavado e incluye a Teresa Solórzano Espinola, Jorge Ulfe Javier, William Soriano Cabrera y Verónica Carril Otoya. Este grupo trabajará en paralelo con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que también ha iniciado investigaciones desde el pasado miércoles.

Reacciones y Consecuencias

El caso ha generado reacciones en distintos sectores, con el Consejo Regional de La Libertad citando al gobernador César Acuña y a sus gerentes para dar explicaciones. Expertos en administración pública han señalado que este tipo de situaciones reflejan deficiencias en los procesos de licitación y supervisión de obras públicas.

“La transparencia y rigurosidad en los procesos de adjudicación son esenciales para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos”, comentó el analista político Juan Pérez.

La situación también ha despertado interés en la opinión pública debido a la juventud y aparente inexperiencia de la representante de la empresa adjudicada. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre los criterios utilizados para la selección de contratistas en proyectos de gran envergadura.

Futuro de las Investigaciones

La Contraloría y la Fiscalía continuarán con sus investigaciones para determinar la legalidad de los procesos de adjudicación y la ejecución de las obras. Se espera que los resultados de estas indagaciones arrojen luz sobre posibles irregularidades y establezcan responsabilidades.

En un contexto más amplio, este caso podría influir en futuras reformas a los procedimientos de licitación pública en Perú, buscando fortalecer la transparencia y la competencia justa entre los participantes.