MADRID, ESPAÑA – En un escándalo que sacude al sector de infraestructuras de España, Javier Herrero, exdirector general de Carreteras durante el mandato del exministro José Luis Ábalos, está bajo investigación por presuntamente haber amañado al menos siete contratos por un valor superior a 250 millones de euros entre 2018 y 2022. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, detalla las acusaciones que incluyen tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación.
El caso, conocido como “Caso Koldo”, ha llevado a registros en el domicilio de Herrero en Madrid el pasado 26 de junio. La investigación también involucra a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, quien enfrenta cargos similares. Entre los contratos bajo sospecha se encuentra la adjudicación de la autovía A-68 en Logroño, otorgada a una UTE formada por Acciona Construcción S.A. y Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L., por un valor de 92,4 millones de euros.
Detalles de los contratos sospechosos
El informe de la UCO destaca un mensaje de Herrero al asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, el mismo día que se abrieron las ofertas económicas para la autovía A-68:
«¡Bingo! En Logroño»
. Este tipo de comunicación sugiere un conocimiento previo o manipulación del proceso de adjudicación.
Otro contrato en cuestión es el relacionado con el Puente del Centenario de Sevilla, donde Acciona fue adjudicada por 71,4 millones de euros. Según las comunicaciones transcritas, tanto Koldo García como Santos Cerdán mostraron un interés particular en este expediente. Además, se menciona la adjudicación del proyecto de adaptación parcial de la autovía A-63 en Asturias a Obras Públicas y Regadíos (OPR) por 6,1 millones de euros, con Herrero escribiendo a García:
«Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias»
.
Implicaciones más amplias y reacciones
Las acusaciones contra Herrero y otros implicados han provocado un amplio debate sobre la transparencia y la corrupción en la adjudicación de contratos públicos en España. Expertos en derecho administrativo señalan que este caso podría ser un ejemplo de cómo las conexiones políticas influyen en las decisiones de contratación, un problema recurrente en la administración pública.
La Guardia Civil también ha señalado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) como beneficiaria de presuntas irregularidades, con contratos adjudicados por un valor total de 82,6 millones de euros. Los investigadores describen operativas que habrían favorecido a LIC a través de la intermediación de Koldo García.
Perspectivas futuras y medidas de control
El caso plantea serias preguntas sobre la necesidad de reformas en los procesos de licitación pública para prevenir futuros escándalos. Analistas sugieren la implementación de sistemas más robustos de supervisión y auditoría, así como la promoción de una mayor transparencia en las adjudicaciones.
El impacto de estas revelaciones podría ser significativo, no solo para los implicados, sino también para el gobierno actual, que enfrenta una creciente presión para abordar estas denuncias de corrupción. Las investigaciones en curso y los procedimientos judiciales determinarán el alcance de las responsabilidades y las posibles sanciones.
A medida que el caso avanza, se espera que el gobierno tome medidas para restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de gestionar los recursos del Estado. La atención está puesta en cómo se manejarán las reformas necesarias para garantizar que los procesos de contratación sean justos y transparentes.