MADRID, ESPAÑA – Antes de que finalice el año, es probable que el fiscal general del Estado se encuentre en el banquillo de los acusados. A esta situación se suma la posible comparecencia del hermano del presidente del Gobierno y, eventualmente, su esposa, si la Audiencia de Madrid no detiene al juez Peinado. Además, el retorno de Carles Puigdemont añade una capa más de complejidad a las tensiones entre el Gobierno y la judicatura.
El curso político inició con una entrevista a Pedro Sánchez en TVE, donde dejó clara su intención de resistir ante un escenario que afecta directamente a su familia. En esa entrevista, Sánchez criticó a algunos jueces por su supuesto partidismo, previendo las presiones sobre el fiscal general para que renunciara a pronunciar su discurso en la apertura del año judicial, presidido por el Rey.
El Gobierno y la Judicatura en Conflicto
El fiscal Álvaro García Ortiz está imputado por la presunta filtración de un correo relacionado con delitos contra Hacienda. Se espera que su juicio comience en octubre o noviembre. García Ortiz se niega a dimitir, considerándose víctima de un intento de apartarlo por parte de jueces conservadores en connivencia con el PP. El Gobierno, que lo nombró, le brinda apoyo, ya que su permanencia es crucial para mantener ciertos nombramientos de fiscales jefes en toda España.
En el Tribunal Supremo, el Gobierno ha perdido influencia frente a los conservadores en el nombramiento de presidentes de las Salas Segunda y Tercera. A pesar del rechazo inicial, fueron elegidos magistrados considerados conservadores moderados, como Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, quienes gozan de mayor reputación interna.
El Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional
En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP y el PSOE acordaron un empate en el número de vocales, pero los conservadores han sido más activos, logrando incluso que algunos progresistas cambien de bando en ocasiones. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha sido más del agrado de los conservadores, especialmente tras su contundente discurso en defensa de la judicatura.
El Tribunal Constitucional es otro de los bastiones donde el Gobierno busca apoyo. Con la próxima jubilación del presidente Cándido Conde Pumpido, se espera que su sucesor mantenga la mayoría progresista, lo cual es vital para el Ejecutivo, especialmente en el contexto del retorno de Puigdemont.
La Estrategia del Gobierno y la Oposición
Pedro Sánchez confía en que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”, esperando que los jueces resuelvan a su favor tanto en el caso del fiscal general como en los asuntos que involucran a su familia. Mientras tanto, el PP refuerza el mensaje de que la situación es insostenible, manteniendo la presión sobre el Gobierno.
En cuanto a la reforma de la justicia, el partido de Puigdemont, Junts, ha sido crítico, aunque el Gobierno intenta que apoyen la ley impulsada por el ministro Bolaños. Esta reforma, que modifica las vías de acceso a la carrera judicial, ha sido criticada por varias asociaciones de magistrados, quienes argumentan que se mueve por intereses corporativos.
Problemas Sistémicos en la Justicia Española
Un informe de Agenda Pública revela que, a pesar de que cada juez recibió en 2023 un 25% menos de casos que hace diez años, se han resuelto un 27% menos de casos. El informe concluye que, además de la falta de medios técnicos y humanos, la ausencia de incentivos para la eficiencia desincentiva el esfuerzo, contribuyendo a la lentitud del sistema judicial.
Así, mientras el Gobierno busca mantener sus posiciones en el ámbito judicial, la oposición y las tensiones internas continúan marcando un año decisivo para la política española. Con el tiempo, se verá si las estrategias actuales logran estabilizar la situación o si, por el contrario, se intensifican las divisiones.