MADRID, ESPAÑA – La creciente frustración de los ciudadanos ante la obligatoriedad de la cita previa para acceder a servicios públicos ha llevado al Consejo General de Gestores Administrativos a exigir una revisión urgente del sistema. Según un informe del Observatorio de Gestión Pública del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), la cita previa se ha convertido en una “barrera estructural” que impide a miles de personas ejercer su derecho a ser atendidos presencialmente.
El estudio, que analizó durante un año la disponibilidad de citas en 25 trámites esenciales de varios ministerios, reveló que en los casos más graves, como la expedición del DNI en julio, los ciudadanos esperaron hasta 36 días para obtener una cita. Las oficinas más afectadas son las de la Seguridad Social, las jefaturas de tráfico y los servicios de extranjería, mientras que el Ministerio de Hacienda mostró una mejor disponibilidad, aunque también registró demoras de hasta diez días.
Vulneración de Derechos
La situación actual contraviene el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, que garantiza el derecho de las personas físicas a elegir cómo relacionarse con la Administración, ya sea de forma electrónica o presencial. Esta barrera es especialmente problemática para colectivos vulnerables, que a menudo carecen de acceso a recursos digitales.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de los Gestores Administrativos, expresó su preocupación: “La Administración no puede comportarse como un club privado. Los derechos no se reservan: se ejercen. Si un ciudadano no puede obtener una cita, no puede ejercer su derecho”.
Para sumar apoyos, la organización ha habilitado un documento de adhesión en su web y redes sociales, buscando la colaboración de entidades sociales, profesionales y ciudadanos.
Propuestas de Mejora
El manifiesto del Consejo General reclama garantizar siempre la atención sin cita previa como alternativa viable, reforzar los medios humanos y tecnológicos, y prohibir la imposición de la cita previa como única vía de acceso. En los próximos días, el informe será presentado ante instancias parlamentarias y el Defensor del Pueblo para asegurar que la atención presencial vuelva a ser un derecho efectivo y accesible.
Santiago subrayó que “es perfectamente posible tener una Administración moderna y eficaz sin excluir a los ciudadanos del mostrador”, y que solo se necesita “voluntad política y respeto por la legalidad”. La campaña no se opone al uso razonable de la tecnología, sino a su utilización como barrera que impide el acceso a los servicios públicos.
Búsqueda de Apoyos
El Consejo General está en busca de adhesiones entre organizaciones y representantes institucionales para dar mayor visibilidad a esta problemática que afecta a miles de ciudadanos diariamente. La iniciativa pretende devolver a la cita previa su carácter original de herramienta complementaria, eliminando su actual función como mecanismo de exclusión.
En un contexto donde la digitalización es cada vez más predominante, la exigencia de los gestores administrativos resalta la importancia de mantener un equilibrio que no deje atrás a los sectores más vulnerables de la sociedad. La respuesta de las autoridades y su disposición a implementar cambios serán cruciales para determinar el futuro de la atención al ciudadano en España.