MADRID, ESPAÑA – La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han decidido presentar un recurso de reposición contra la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su escrito, García Ortiz obliga a los fiscales a asistir a ciertas actuaciones judiciales durante la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. Esta huelga es una respuesta a las reformas propuestas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, incluyendo cambios en el Estatuto Fiscal.
Las asociaciones consideran que la directiva de García Ortiz actúa como una coacción directa, ya que en la práctica anula el derecho a huelga. Según un portavoz de las asociaciones,
“El fiscal general describe sibilinamente unos servicios mínimos tan amplios que imposibilitan el ejercicio del derecho de huelga y, sorprendentemente, lo hace depender del ejercicio al derecho de huelga del juez correspondiente, de modo que convierte al fiscal en mera comparsa del juez”.
Contexto y antecedentes
El conflicto surge en un momento en que el Ministerio Fiscal enfrenta críticas por su manejo de las reformas judiciales. En una carta dirigida a los fiscales jefes, García Ortiz confirmó que el Ministerio Fiscal “carece de competencias para fijar servicios mínimos”, lo que ha generado sorpresa y descontento entre las asociaciones.
Este desacuerdo se remonta a noviembre de 2018, cuando las tres asociaciones de fiscales, incluyendo la Unión Progresista de Fiscales (UPF), convocaron una huelga por motivos salariales. En aquel entonces, bajo la dirección de María José Segarra, se establecieron servicios mínimos en acuerdo con el Comité de huelga, una medida que ahora se niega.
Reacciones y críticas
Las asociaciones critican además que García Ortiz haya solicitado a las jefaturas que reporten a la inspección fiscal cualquier incidencia durante la huelga, lo que consideran una táctica para sembrar “zozobra y desaliento” entre los fiscales.
“El fiscal general del Estado está cercenando, así, el ejercicio del derecho de huelga que la asociación que un día presidió (la UPF) reivindicaba”, afirman.
El derecho a la huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. Las asociaciones subrayan que la huelga es una medida “legítima, proporcionada y responsable” para defender los principios del Estado de derecho y la independencia judicial.
Implicaciones futuras
La situación plantea serias implicaciones para el futuro de las relaciones laborales dentro del sistema judicial español. Las asociaciones advierten que cualquier intento de coaccionar la participación de los trabajadores en la huelga podría resultar en sanciones económicas y la nulidad de actos de represalia.
En el contexto actual, donde las reformas judiciales son un tema candente, el resultado de este recurso podría sentar un precedente significativo. Las asociaciones de fiscales esperan que su recurso de reposición no solo restablezca el derecho a huelga, sino que también sirva como un recordatorio de la importancia de respetar los derechos laborales fundamentales.
El desenlace de esta disputa será crucial para determinar cómo se gestionan las huelgas en el ámbito judicial en el futuro, y si las reformas propuestas lograrán avanzar sin mayores conflictos.