WASHINGTON D.C., EE.UU. – En un movimiento que ha generado tanto sorpresa como controversia, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha nombrado al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como nuevo comisario de la Policía de Washington D.C. Este nombramiento se produce tras la orden del presidente Donald Trump de tomar el control federal de las fuerzas del orden en la capital, argumentando que el crimen está “fuera de control”.
La orden, firmada por Bondi, establece que Cole asumirá el cargo de forma “inmediata” y tendrá “los poderes y deberes conferidos al jefe de Policía del Distrito de Columbia”. A partir de ahora, el Departamento de Policía Metropolitana deberá recibir la aprobación de Cole antes de emitir cualquier orden.
Contexto de la intervención federal
El anuncio de la intervención federal fue realizado por Trump el lunes, autorizado bajo una cláusula de la Home Rule Act de 1973, que regula la autonomía de Washington D.C. El operativo incluye la activación de unas 800 tropas de la Guardia Nacional y el despliegue de agentes de distintas agencias federales, como el FBI, DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), para patrullar las calles en turnos de 24 horas. Además, se han instalado puntos de control en varias zonas de la ciudad.
Ese mismo día, Trump nombró a Cole para hacerse cargo del Departamento de Policía Metropolitana. Además, autorizó a las fuerzas policiales a verificar el estatus migratorio de los residentes y a colaborar con los agentes federales en operativos de control migratorio. Según Bondi, la situación de seguridad en Washington está “agravada por las políticas de las ciudades santuario y la inmigración ilegal”.
Reacciones y críticas
El miércoles, Trump declaró que buscará extender el control federal más allá de los 30 días previstos en la ley, al considerar que “no son suficientes” para “combatir el crimen” en la capital. Esta decisión ha generado críticas, especialmente tras su anuncio de que se desmantelarán campamentos de personas sin hogar.
“El crimen está fuera de control en Washington, y vamos a restablecer el orden público”, dijo Trump en su declaración inicial del lunes.
La medida, que combina personal militar y agentes federales en tareas de seguridad interna, marca uno de los despliegues más amplios de control federal en la historia reciente de Washington D.C., y abre el debate sobre el alcance de la autonomía local frente a la intervención del gobierno central.
Perfil de Terry Cole
Terry Cole juró como jefe de la DEA el pasado 24 de julio. Su carrera en esa agencia se extendió durante 22 años, con misiones en distintos estados y en el extranjero, incluyendo Colombia, Afganistán, México y Oriente Medio. En 2023 fue nombrado jefe de Seguridad Pública de Virginia por el gobernador de ese estado. Posteriormente, Trump lo designó para dirigir la DEA, cargo que ahora compaginará con la dirección del cuerpo policial de la capital.
Cole ha trabajado en operaciones antidrogas internacionales y nacionales de alto perfil, y cuenta con experiencia en coordinación interagencial, lo que, según la Casa Blanca, facilitará su gestión en un escenario de intervención federal. La decisión de otorgar a Cole autoridad plena sobre la Policía Metropolitana implica que cualquier orden, procedimiento o despliegue deberá contar con su aprobación. Fuentes oficiales indicaron que las instrucciones federales tienen prioridad sobre la estructura policial local mientras dure la intervención.
Implicaciones y análisis futuro
Con este nombramiento, la cadena de mando en la capital queda alineada bajo la supervisión directa del gobierno federal, con Bondi a cargo de la coordinación general y Cole en la ejecución operativa. Trump ha insistido en que el objetivo es “proteger a los residentes y recuperar las calles” en medio de lo que la administración califica como un repunte sostenido de delitos violentos y problemas de orden público.
El impacto de esta intervención federal en la autonomía de Washington D.C. y en la relación entre el gobierno local y federal será un tema de intenso debate en las próximas semanas. Mientras tanto, la comunidad local y los defensores de los derechos civiles observan con atención los desarrollos, preocupados por las implicaciones a largo plazo de esta medida sin precedentes.
La situación en Washington D.C. sigue evolucionando, y las próximas acciones del gobierno federal serán cruciales para determinar la dirección de la seguridad pública en la capital del país.