LIMA, PERÚ – La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta una nueva crisis institucional tras la suspensión judicial del comandante general Víctor Zanabria Angulo. El Poder Judicial ha ordenado su suspensión por 18 meses en el marco de una investigación por presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad, relacionados con el caso conocido como “Policías albañiles”. En este contexto, el general Óscar Arriola Delgado, actual jefe del Estado Mayor, podría asumir el cargo de manera interina.
La decisión judicial responde a un requerimiento del Ministerio Público, que investiga la presunta utilización indebida de efectivos policiales en trabajos particulares. Según el expediente, un grupo de suboficiales habría sido obligado a realizar labores de construcción bajo órdenes de Zanabria, lo que habría perjudicado a la institución. El abogado especialista en legislación policial, Stefano Miranda, explicó que la normativa vigente establece que Arriola debe asumir el máximo cargo policial de manera interina.
Suspensión judicial y antecedentes del caso
La resolución judicial, solicitada por el Ministerio Público, busca evitar riesgos procesales y asegurar el avance de la investigación. “El comandante general tiene que cumplir el mandato judicial, nos guste o no. El Estado de derecho se basa en acatar lo dispuesto por los jueces”, señaló Miranda. Esta medida preventiva no constituye una sanción definitiva, sino que busca garantizar la transparencia del proceso.
El caso “Policías albañiles” ha generado un debate sobre la ética y la legalidad de las acciones de Zanabria, quien aún tiene la posibilidad de apelar la decisión. Según Miranda, el comandante general podrá presentar su recurso ante una sala superior, que revisará si la suspensión cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Sin embargo, este trámite deberá realizarlo fuera del cargo.
El relevo en la PNP: la figura de Óscar Arriola
De acuerdo con el Decreto Legislativo 1149, en casos de suspensión o impedimento del comandante general, la jefatura debe ser asumida de manera interina por el jefe del Estado Mayor. Arriola, reconocido por su experiencia en inteligencia policial y operaciones contra el crimen organizado, podría ser el encargado de liderar la PNP durante este período de incertidumbre.
Este relevo temporal busca evitar vacíos de poder en una institución clave para la seguridad ciudadana. “La sucesión inmediata es necesaria para no dejar vacíos de poder en la PNP, especialmente en un momento en el que la seguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país”, resaltó Miranda.
Un golpe a la institucionalidad policial
La PNP se enfrenta a un nuevo episodio de cuestionamientos en sus más altas esferas. No es la primera vez que un comandante general queda involucrado en investigaciones judiciales durante su gestión. Este tipo de episodios, según especialistas, debilita la confianza de la ciudadanía en la autoridad policial.
La posible llegada de Óscar Arriola al cargo se interpreta como un intento de dar continuidad y estabilidad en la institución. Su perfil, enfocado en la lucha contra organizaciones criminales, podría reforzar el liderazgo interno en medio de la crisis.
El trasfondo del caso “Policías albañiles”
La investigación fiscal apunta a que Zanabria habría autorizado el uso de personal policial para labores privadas de construcción, vulnerando el principio de función pública. Además, algunos de los suboficiales afectados denunciaron haber recibido amenazas de muerte por colaborar como testigos, lo que agrava la dimensión del caso y justifica, según la Fiscalía, la medida de suspensión.
El debate se centra ahora en la responsabilidad ética y legal de quienes ocupan los más altos cargos dentro de la Policía Nacional. La sociedad espera señales claras de transparencia y respeto a la ley, más aún en un contexto de creciente inseguridad en el país.
La designación de Arriola, de confirmarse, significaría un cambio de mando en un momento particularmente delicado para la seguridad interna del país. La ciudadanía exige resultados concretos en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción. El desafío para la PNP será mantener la cohesión interna y recuperar la confianza de los peruanos.
Para los analistas, este caso deja una lección clara: ningún funcionario está por encima de la ley. En un Estado democrático, la autoridad no puede sostenerse en cuestionamientos judiciales. El futuro inmediato de la Policía dependerá de cómo gestione este relevo y de la transparencia con la que se conduzcan las investigaciones.