Fiscal General defiende su inocencia en juicio histórico

MADRID, ESPAÑA – En un día sin precedentes en el Tribunal Supremo, el Fiscal General Álvaro García Ortiz se enfrentó a acusaciones de revelación de secretos, un cargo que podría llevarle a enfrentar entre 4 y 6 años de prisión. A las puertas del tribunal, García Ortiz llegó poco antes de las 10 de la mañana, recibido con aplausos y muestras de apoyo, pero mantuvo un semblante serio y no hizo declaraciones antes de entrar en la sala.

En el interior, el Fiscal General se colocó la toga y se sentó en el banquillo de los acusados, negando rotundamente las acusaciones en su contra. Cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntó si se consideraba culpable de los delitos que se le imputan, García Ortiz respondió con firmeza: “No”.

Cuestionamientos a la imparcialidad del juez

La defensa de García Ortiz, compuesta por dos abogados del Estado y dos fiscales, centró su estrategia en cuestionar la imparcialidad del juez Ángel Hurtado. Consuelo Castro, abogada del fiscal, argumentó que la investigación fue “inquisitiva” y “prospectiva”, afirmando que el juez tenía una “idea preconcebida” de culpabilidad y buscó pruebas incriminatorias de manera selectiva.

Castro denunció que el registro realizado el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, fue injusto y sin justificación adecuada. La abogada subrayó que no se llevaron a cabo diligencias previas antes de incautar dispositivos y que el juez permitió copiar toda la información sin restricciones.

La Fiscalía apoya la nulidad de los registros

María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, también criticó el registro del despacho de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, afirmando que “nunca debió ser allanado” ya que no había indicios suficientes. Sánchez Conde insistió en que el auto que abrió la causa “imposibilitaba” las medidas tomadas y declaró nulos los registros.

La acusación, liderada por el abogado de González Amador, defendió la actuación del juez Hurtado, calificándola de “modélica” y negando que se tratara de una investigación prospectiva. La acusación popular, representada por el Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), también respaldó la instrucción del juez.

Testimonios clave y posibles filtraciones

El fiscal Julián Salto, primer testigo en declarar, confirmó que el abogado de González Amador había propuesto un pacto para reconocer un fraude a Hacienda. Salto detalló que el correo filtrado fue recibido en una cuenta genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, a la que tenían acceso más de una docena de personas, complicando la identificación de un único filtrador.

Salto también mencionó que la fiscal provincial de Madrid le pidió correos intercambiados con Neira, en medio de una “campaña de desinformación” que distorsionó los hechos en los medios. Aseguró que siempre consideró legal la petición de información de sus superiores.

Implicaciones y próximos pasos

El caso de García Ortiz plantea serias preguntas sobre la imparcialidad en la administración de justicia y el uso de registros en investigaciones judiciales. La defensa busca la anulación del caso debido a las presuntas irregularidades en la instrucción, mientras que la acusación mantiene que las pruebas son válidas y suficientes.

El Tribunal Supremo deberá ahora deliberar sobre la validez de las pruebas y decidir si las acusaciones contra García Ortiz se sostienen. Este caso no solo afecta la carrera del Fiscal General, sino que también podría tener implicaciones más amplias para el sistema judicial español y su manejo de la confidencialidad y la imparcialidad en las investigaciones.