Lisbeth Aurelia Jiménez, nueva Fiscal General de Veracruz

VERACRUZ, MÉXICO – En una decisión que promete reformar el sistema judicial del estado, el Congreso de Veracruz ha nombrado a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como la nueva Fiscal General del Estado. Este nombramiento, propuesto por la gobernadora Rocío Nahle García, fue aprobado durante una sesión ordinaria con 40 votos a favor y 5 en contra. Jiménez Aguirre, quien se desempeñaba como magistrada en Materia Penal del Poder Judicial del Estado, asumirá el cargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección.

La sesión del Congreso, que se extendió hasta la tarde-noche, fue escenario de un debate intenso. La mayoría de los legisladores de Morena, junto con sus aliados del PVEM y PT, respaldaron la propuesta de Nahle García, argumentando que Jiménez Aguirre posee el perfil adecuado para fortalecer la procuración de justicia y combatir la impunidad.

Un nombramiento bajo escrutinio

El proceso de selección de la nueva fiscal no estuvo exento de controversia. Cinco legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI votaron en contra, señalando que el nuevo método legal de selección, que permite al Ejecutivo en turno hacer la propuesta sin una convocatoria abierta, viola la autonomía del organismo. No obstante, estos legisladores celebraron la salida de la ex fiscal Verónica Hernández, a quien acusaron de ser un instrumento de represión del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

El documento remitido al Congreso por la gobernadora destacaba que Jiménez Aguirre cumple con todos los requisitos legales, incluyendo la ciudadanía mexicana, una licenciatura en derecho con más de cinco años de antigüedad, y un historial sin condenas. Además, se destacó su perfil honorable y su experiencia en el ámbito jurídico, la procuración de justicia, y el respeto a los derechos humanos.

Trayectoria y experiencia de Jiménez Aguirre

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre cuenta con una destacada trayectoria en el campo del Derecho Penal. Comenzó su carrera como Auxiliar Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia y ascendió hasta convertirse en Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala en Materia Penal. Su experiencia incluye roles como Jueza de Control y Enjuiciamiento en varios distritos judiciales de Veracruz.

En 2020, fue nombrada Magistrada del Poder Judicial del Estado y posteriormente elegida como presidenta de Sala y del Tribunal Superior de Justicia. Su elección como Magistrada en Materia Penal fue respaldada por más de 106 mil votos, un cargo del que solicitó separarse para asumir su nuevo rol como Fiscal General.

El contexto político detrás del cambio

El nombramiento de Jiménez Aguirre se produce tras la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, quien enfrentaba presiones políticas debido a su vinculación con el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. La relación entre Hernández Giadáns y Cisneros Burgos se deterioró cuando este último intentó disputar la candidatura de Morena a la gubernatura en 2024.

Hernández Giadáns asumió el cargo en medio de una controversia por la destitución del entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien fue separado de sus funciones por no cumplir con los exámenes de control y confianza. Su nombramiento como titular de la Fiscalía General fue ratificado en mayo de 2020, aunque no completó su periodo de nueve años al renunciar este lunes.

Implicaciones y expectativas futuras

El nombramiento de Jiménez Aguirre es visto como un movimiento estratégico para fortalecer el sistema judicial en Veracruz. Su experiencia y enfoque en la administración de justicia son considerados elementos clave para enfrentar los desafíos de impunidad y corrupción en el estado. Sin embargo, el método de su designación ha generado críticas sobre la independencia del órgano judicial.

A medida que Jiménez Aguirre asume su nuevo cargo, se espera que implemente reformas significativas y trabaje en estrecha colaboración con otras instituciones para mejorar la seguridad y justicia en Veracruz. El éxito de su gestión podría tener un impacto duradero en la percepción pública del sistema judicial del estado.