BRUSELAS, BÉLGICA – La Comisión Europea ha señalado una “falta de ambición” en España en su lucha contra la corrupción, además de criticar la “politización de la Justicia”. En su reciente ‘Informe sobre el Estado de derecho’, la Comisión insta a España a acelerar y profundizar las reformas pendientes para alinearse con los estándares europeos y reforzar su sistema democrático.
El informe, publicado este martes, revisa aspectos como el sistema judicial y la libertad de prensa en cada miembro de la Unión Europea. Respecto al Poder Judicial, aplaude la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras años de “bloqueo político”, pero persisten las “dudas sobre la independencia judicial” debido a la vinculación de los nombramientos a “mayorías parlamentarias”.
Reformas judiciales y desafíos persistentes
El estudio también alerta sobre el aumento del uso de jueces sustitutos y las protestas por las condiciones laborales, así como las reformas de acceso a la carrera fiscal y judicial. Señala que “persisten los problemas con la duración de los procesos judiciales, especialmente en el Tribunal Supremo”.
El informe no profundiza en el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, limitándose a indicar que “ha generado controversia” y que ha sido remitida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, critica la reforma de la acción popular por ser “restrictiva” y limitar un mecanismo clave de control ciudadano.
Independencia del Ministerio Público
Sobre el Ministerio Público, el informe considera que el proyecto del Ministerio de Justicia para aumentar el mandato del fiscal general a cinco años y desvincularlo del Ejecutivo es “insuficiente para garantizar su independencia”. En el caso de Álvaro García Ortiz, imputado por presuntamente filtrar información confidencial, se afirma que “añade tensión institucional”.
“La autonomía de los fiscales no está garantizada”, recalca el informe, refiriéndose a la falta de una reforma integral que asegure la independencia del Ministerio Público.
Corrupción y percepción ciudadana
En cuanto a la corrupción, Bruselas detecta una “percepción alta” y una escasa confianza ciudadana en la efectividad de las sanciones. Critica que no se haya aprobado la Estrategia Nacional Anticorrupción prevista para el año pasado y señala una baja tasa de condenas. A pesar de algunos avances en la regulación de los conflictos de interés, la Comisión considera que hay una “falta de ambición en la lucha contra la corrupción”.
El informe también denuncia un aumento en los “ataques y presiones” a periodistas, “incluidos desde el Gobierno y partidos”. Además, critica que el acceso a la información pública no ha mejorado y sigue pendiente la reforma de la ley de secretos oficiales. La reducción de las “garantías de independencia” de RTVE, a pesar de la reforma para desbloquear su gestión, es otro punto de crítica.
Implicaciones y pasos futuros
La Comisión Europea insta a España a tomar medidas decisivas para abordar estos desafíos. La falta de confianza en las instituciones y la percepción de corrupción pueden erosionar la democracia y el estado de derecho, afectando negativamente la imagen del país en el ámbito internacional.
Expertos sugieren que España debe priorizar la aprobación de la Estrategia Nacional Anticorrupción y garantizar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Estas acciones no solo mejorarían la percepción pública, sino que también fortalecerían la democracia española.
Con la atención de la Comisión Europea sobre estos temas, es probable que el gobierno español enfrente una creciente presión para implementar reformas significativas en los próximos meses. La comunidad internacional seguirá de cerca los desarrollos en España, esperando que las reformas prometidas se traduzcan en acciones concretas.