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Fiscalía asegura terrenos escolares en Culiacán por intento de despojo

Editorial

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CULIACÁN, MÉXICO – En un movimiento decisivo para proteger la propiedad educativa, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aseguró el terreno correspondiente a la escuela Primaria “Valentín Gómez Farías”, ubicada en la colonia República Mexicana de Culiacán. Este aseguramiento se produjo después de que grupos de personas invadieran el terreno, comenzando a trazar líneas divisorias con la intención de construir en el lugar.

El incidente, que ocurrió el 5 de diciembre, fue denunciado por docentes, directivos y padres de familia del plantel educativo. Según los informes, un grupo de personas instaló cercos rústicos con palos y alambres, intentando apropiarse de terrenos pertenecientes a la escuela. Esto llevó a la apertura de una investigación por el delito de despojo agravado.

Investigación y medidas judiciales

Las autoridades judiciales, a través de la Agencia de Investigación Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales, verificaron la clave catastral de los terrenos. Esta verificación confirmó que los terrenos están inscritos a nombre de la escuela primaria “Valentín Gómez Farías”, lo que permitió su aseguramiento legal.

Durante la investigación, los agentes recopilaron evidencias y testimonios, realizando inspecciones oculares en el lugar. Se documentó cómo se trazaron líneas y se instaló un cerco improvisado con palos y alambres, delimitando un amplio terreno por parte de un grupo de personas civiles.

Reacciones y contexto

El aseguramiento del terreno fue respaldado por la policía municipal, y se llevó a cabo sin incidentes. La comunidad escolar y los padres de familia expresaron su alivio por la rápida intervención de las autoridades. Un padre de familia comentó:

“Es una victoria para la educación y para nuestros hijos, quienes merecen un espacio seguro para aprender.”

Este incidente no es aislado en México, donde el despojo de terrenos escolares ha sido un problema recurrente. Expertos en derecho de propiedad señalan que la falta de vigilancia y la burocracia en la actualización de registros catastrales a menudo facilitan estos intentos de invasión.

Implicaciones y pasos a seguir

El caso subraya la necesidad de una mayor protección legal para las propiedades educativas. Las autoridades locales están considerando implementar medidas adicionales para prevenir futuros intentos de despojo, incluyendo la instalación de sistemas de vigilancia y la colaboración con comunidades locales para vigilar los terrenos.

En el futuro, se espera que este caso sirva como un precedente para otros incidentes similares, reforzando la importancia de la protección de los espacios educativos. La Fiscalía General del Estado ha reiterado su compromiso de actuar con firmeza en casos de despojo, asegurando que los derechos de las instituciones educativas sean respetados.

Este caso también ha puesto de relieve la importancia de la participación comunitaria en la protección de las escuelas, sugiriendo que la colaboración entre las autoridades y la comunidad puede ser clave para prevenir estos problemas en el futuro.

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